Discurso Presidente Corte Suprema en Convención 2006 Asociación de Magistrados
Transcribimos discurso pronunciado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Tapia Witting, en la ceremonia inaugural de la Convención Nacional de Magistrados 2006, efectuada durante los días 3 y 4 Noviembre en la ciudad de Santiago.
Estimados Colegas:
En esta Convención Anual que reúne a los magistrados de todo el país, con el propósito de efectuar un balance y una reflexión sobre sus actividades gremiales y especialmente acerca del ejercicio de nuestra propia función pública y sus desafíos, me permito traerles a todos y cada uno de ustedes mis más cordiales saludos, así como expresarles sinceramente el honor de poder dirigirme a esta Asamblea formada por mis pares en el ejercicio de la judicatura.
Hablar de retos para la judicatura requiere de una necesaria distinción.
Por un lado, los desafíos en el ejercicio de la autoridad de la que cada uno de nosotros estamos investidos como magistrados y, por otro lado, aquéllos que nos corresponde asumir como cuerpo, la judicatura como Poder Judicial.
Respecto del primer desafío, este se traduce en cumplir nuestra función día a día con la mayor dedicación y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el interés privado.
Este desafío es de naturaleza individual y dice relación con un compromiso ético de cada juez con la función jurisdiccional. Cabe aquí hacer presente que la magistratura importa asumir el ejercicio de una auctoritas y no una potestad, en la clásica y aprendida distinción hecha en los orígenes de nuestra cultura jurídica.
Con visión de perfección en la creación judicial del derecho caso a caso, cuya repetición no imitativa sino enriquecida por la labor de interpretación, nuestro aporte individual puede contribuir a que se alcance una rica doctrina jurisprudencial, especie de norma especial respecto del caso genéricamente concebido, que contribuirá a llenar los vacíos legales y a restaurar la imprecisión o imperfección de las leyes.
Respecto de la segunda dimensión del desafío, esto es, aquel de naturaleza institucional, cabe destacar el esfuerzo conciente y creciente que se viene realizando tanto desde el ámbito del ejercicio de la superintendencia de la Corte Suprema, así como desde la estructura administrativa del llamado Gobierno Judicial.
Ninguno de los temas contemplados en el programa de esta Convención Anual, han dejado de ser tratados permanentemente en diversas instancias tanto internas como externas al Poder Judicial.
Ambos tipos de desafíos, los individuales y los institucionales, se encuentran estrechamente vinculados entre sí, y se orientan hacia un gran objetivo: hacer de nuestro sistema judicial un instrumento útil y plenamente accesible a todas las personas, cada vez más eficiente y eficaz en el logro de la justicia y la paz social, solucionando o al menos equilibrando los conflictos jurídicos.
Con respecto a un punto que a todos interesa, el de las remuneraciones del Poder Judicial, puedo señalarles que el acuerdo a que se llegara por mis antecesores con el Gobierno anterior, la señora Presidenta de la República, tuvo a bien señalarme que lo asumía plenamente. Conversaciones con el Ministerio de Hacienda así, también concuerdan. Especial importancia tiene en este aspecto, nuestro compromiso de mejoría de índices de productividad y de gestión. Por tanto el tema de los bonos y de sus adecuaciones debe estar siempre presente.
En cuanto a proyectos de ley pendientes, se encuentran, entre otros, el que flexibiliza el manejo de fondos asignados al Poder Judicial en la ley de presupuesto; el que modifica el sistema de nombramientos y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial; el que modifica los procedimientos de los tribunales de familia; el que dice relación con la justicia laboral; el que crea una nueva Corte de Apelaciones en lo Civil para Santiago, etc. A este se le han introducido, durante su tramitación, dos modificaciones, en que se alteran los artículos 261 y 347 del Código Orgánico de Tribunales. El informe de la Corte Suprema fue desfavorable a ellas y al respecto se ha conversado en la Comisión respectiva del H. Senado en que han participado, entre otros, miembros de la directiva de estas Asociación.
Cierto es que la educación, la formación y la capacitación es una exigencia para el esfuerzo modernizador de cualquiera organización. Pero para la judicatura de hoy, es condición ineludible para apoyar el esfuerzo y la dedicación individual en el abnegado ejercicio de la función jurisdiccional.
En las actuales sociedades de la información, el juez debe estar continuamente expandiendo y actualizando sus conocimientos, con el fin de responder coherentemente a una casuística cada vez más compleja.
En tal sentido, es preciso afirmar que no basta para ello sólo un mayor presupuesto o recursos financieros, sino, también, una optimización tanto de los programas como de los contenidos de perfeccionamiento y capacitación.
Estos medios deben permitir a los jueces no sólo actualizar su formación en todos aquellos nuevos ámbitos jurisdiccionales y competencias que se han venido creando y transformando nuestro sistema judicial y el ordenamiento jurídico en general, sino, especialmente, proporcionándole mayores destrezas, habilidades, criterios, formas de razonamiento jurídico, lógica y plena comprensión de los principios generales del derecho. Lo anterior, con el decidido propósito de consolidar al Poder Judicial como una instancia útil y confiable para todas las personas, sentida por éstas como eficaz promotora y protectora en el ejercicio de sus derechos.
En relación a la realidad actual del Poder Judicial, es fácil advertir que el sistema se encuentra experimentado reformas que significan una transformación importante de la función jurisdiccional. Estos desafíos exigen respuestas concretas e inmediatas.
La nueva realidad procesal que transforma el sistema judicial chileno, la implementación de la reforma procesal penal, la creación de los tribunales de familia, así como el día de mañana la reforma a la jurisdicción laboral y a futuro el procedimiento civil, plantean una serie de problemas cuyo análisis y solución debe priorizarse por sobre cualquier pretensión idealista. Por ello estamos especialmente preocupados en el nombramiento de más jueces y funcionarios, de una adecuada infraestructura para los tribunales de regiones, de solucionar la demora en el nombramiento de jueces, de evitar el llamado “turismo judicial”, de la superación de las deficiencias en los procedimientos y funcionamiento de nuevos tribunales, que atentan en contra de las expectativas ciudadanas.
Sólo en función de lo dicho, debe analizarse y evaluarse la carrera judicial, el sistema de nombramiento de jueces y funcionarios cada vez más idóneos, probos y capacitados, la inspección de tribunales, el sistema de calificación, el sistema de recursos y por lo mismo el de revisión de resoluciones.
La modernización del Poder Judicial, entonces, no debe ser vista a través de cristales deformadores o visiones carentes de realismo. Éstas, servirán únicamente para dar determinadas apariencias de legitimidad a un modelo que podría terminar imponiendo el reparto de cargos por cuotas, en vez de promover una carrera por mérito evaluado objetivamente. Con seguridad esto es lo que espera la sociedad de la composición del Poder Judicial.
Antes bien, un Poder Judicial moderno debe ser capaz de demostrar, que su función esencial se ejerce con total independencia de juicio y de intereses, poderes o creencias particulares; que por el contrario, se encuentra auténticamente comprometido con los ciudadanos y todos los sectores de la sociedad sin discriminación alguna en la protección de sus derechos.
La modernización, que en rigor es un proceso dirigido a obtener un orden razonable en la sociedad y sus instituciones, en el ámbito judicial debe buscar alcanzar un funcionamiento más eficaz y eficiente, debe instar a una mayor celeridad en los procesos, aumento de jueces, perfeccionamiento y bienestar económico de los magistrados, todo lo cual, por cierto, requiere de mayor autonomía operativa, financiera, retributiva, estructural, funcional y de generación del Poder Judicial.
La Corte Suprema, este año, como es de conocimiento público, creó cuatro Comités, especialmente como órganos del Pleno y lograr alguna vez, adelantarse a las circunstancias, promoviendo soluciones pro activas y no simplemente reactivas. En lo que a todos interesa, se está estudiando la modificación de uno de los temas más sensibles al Poder Judicial, el de la calificación de los funcionarios, a fin de sustituir el actual subjetivismo, por un sistema lo más objetivo posible. Se estudia, también, modificar el Auto Acordado sobre Recurso de Protección. Se ha aumentado sensiblemente la página Web del Poder Judicial, etc.
Con estas palabras he querido dar una visión general de los reales desafíos de toda la magistratura así como nuestra preocupación y compromiso en la solución de sus problemas.
En fin, les deseo éxito en los objetivos de esta Convención, alcanzando las conclusiones y acuerdos que la realidad actual impone y puedan concretarse en un futuro cercano.
Muchas gracias.