Corte de Santiago reduce indemnización a víctima de detención ilegal y torturas en Calama y Antofagasta en 1981

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La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $50.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a Eduardo Osciel Rojas López, quien fue detenido el 15 de marzo de 1981 y sometido a torturas en cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Calama y luego en unidad policial de Carabineros de Antofagasta.

En fallo unánime (causa rol 10.311-2020), la Decimotercera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Carolina Vásquez, el ministro René Cerda y la fiscal judicial Ana María Quintero– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 19º Juzgado Civil de Santiago, con declaración que el monto indemnizatorio se rebaja en proporción al daño acreditado.

“Que de los hechos asentados en autos surge, de manera inconcusa, que el actor ha padecido dolor, sufrimiento y angustia producto de las torturas y apremios ilegítimos de los cuales fue objeto, así como por la forma en que estos se produjeron, lo que por sí solo constituye un daño moral que debe indemnizarse por el Fisco de Chile, cuyo monto debe fijarse prudencialmente, atendido la realidad del caso en particular, así como los montos que, en casos similares, se han otorgado, para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia”, dice el fallo.

Agrega: “Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada dictada el veinticuatro de abril de dos mil veinte, por el 19° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto de la indemnización por concepto de daño moral que debe pagar el demandado al demandante a la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)”.

Decisión adoptada con la prevención de la ministra Vásquez, quien estuvo por fijar en cinco millones de pesos el monto de la indemnización.