La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $50.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar a Miriam de las Mercedes Mondaca Arévalo, quien fue detenida y torturada por efectivos de la Policía de Investigaciones en dos ocasiones en 1974; primero en la ciudad de Chillán y luego en Concepción. En la segunda ocasión, tras tres días de interrogatorio bajo torturas, fue ingresada a la cárcel, desde donde fue sacada por militares que la sometieron a nuevas torturas en un lugar desconocido.
En fallo unánime (causa rol 10.423-2020), la Decimotercera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Carolina Vásquez, el ministro René Cerda y la fiscal judicial Ana María Quintero– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se rebaja el monto indemnizatorio en proporción al daño acreditado.
“Que la actora ha padecido dolor, sufrimiento y angustia producto de las torturas y apremios ilegítimos de los cuales fue objeto, así como por la forma en que estos se produjeron, lo que por sí solo constituye un daño moral que debe indemnizarse por el Fisco de Chile, cuyo monto debe fijarse prudencialmente, atendido la realidad del caso en particular, así como los montos que, en casos similares, se han otorgado, para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia”, plantea el fallo.
“Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada dictada el veintinueve de mayo de dos mil veinte, por el 9° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto de la indemnización que debe pagar el Fisco de Chile a la demandante a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)”, ordena.
Decisión adoptada con la prevención de la ministra Vásquez, quien concurre a la confirmatoria del fallo en alzada, pero estuvo por rebajar a cinco millones de pesos la indemnización regulada.