En enero de 2023 se promulgó la Ley 21.527 que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil, entidad que se ha instalado de manera gradual en el país. En el Biobío, la institución comenzará a operar el 15 de enero y, en ese contexto, en el auditorio de la Corte de Apelaciones de Concepción se realizó una charla informativa sobre la nueva oferta programática de esta unidad.
La actividad se hizo en el contexto de un acuerdo adoptado en una sesión de la Comisión de Coordinación de Justicia Penal del Biobío realizada en el mes de noviembre y en ella participaron el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Mauricio Silva Pizarro, y más de 50 personas, entre jueces y funcionarios de otras organizaciones que trabajan con adolescentes del sistema penal.
Cristián Sepúlveda Fernández, director del Servicio, explicó sobre la exposición que “la idea fue centralmente dar a conocer la oferta programática con la cual vamos a contar a partir del 13 de enero con la instalación del servicio acá en la región. Aprovechamos de entregar algunos antecedentes del estado actual de los adolescentes que se encuentran cumpliendo alguna sanción, tanto en el medio libre como en programas de administración directa del servicio acá en la región”.
Sobre aquello, detalló que a partir de la próxima semana habrá un cambio de modelo, que se centrará en la intervención especializada y con una modalidad distinta de financiamiento de la oferta ambulatoria, que contará con 11 centros de cumplimiento y un total de 380 plazas para la región, repartidas en Los Ángeles, Coronel y Concepción.
En cuanto a la oferta, planteó que se implementarán programas de medidas cautelares (ambulatorias y salidas alternativas); internación parcial; y los programas de sanción: libertad asistida especial, libertad asistida, servicio en beneficio de la comunidad, internación en régimen cerrado y libertad asistida con internación parcial.
El ministro Silva Pizarro valoró la actividad, sobre todo porque se dio a conocer la cantidad de plazas disponibles para la región este año: “Esto es relevante porque estos programas están directamente relacionados con las medidas que adoptan los tribunales en materia de responsabilidad penal juvenil, son los tribunales los que decretan sentencias que involucran a los adolescentes infractores de ley y para que esto sea efectivo, es importante saber quiénes están a cargo de ejecutar las sanciones y los planes de reinserción social, así como cuál es la disponibilidad que tienen”.
El presidente también destacó que se dieran a conocer los cambios que traerá al sistema la implementación del nuevo servicio y el impacto que esto tendrá en las dinámicas de las distintas organizaciones vinculadas al sistema de justicia juvenil en la zona.
El magistrado Felipe Norambuena Barrales, del Juzgado de Garantía de Talcahuano, añadió que “se nos permitió un diálogo respecto de las mejoras significativas que implicará este nuevo modelo, la coordinación público-privada, la nueva forma de abordar desde el punto de vista estatal los conflictos de adolecentes. Se nos invitó a una provechosa reunión y en la que pudimos plantear algunas dudas, requerimientos y se nos ilustró de manera completa de las innovaciones que a partir del lunes entrarán en vigencia en esta región”.