La Comisión de Ciencias inició el trámite de audiencias del proyecto de ley, en primer trámite, que establece la obligación de fijar domicilio en Chile a las plataformas digitales (boletín 18362).
La norma obliga a las plataformas digitales con presencia significativa en Chile a fijar domicilio y contar con un representante legal en el país. Esto, para facilitar su fiscalización y asegurar su colaboración con investigaciones judiciales.
El texto legal propone aplicar esta medida a plataformas con más de 200 mil usuarios activos mensuales o cuyos ingresos provenientes de Chile superen las 5 mil UTM anuales.
Añade que, el representante podrá recibir notificaciones y responder requerimientos de tribunales y del Ministerio Público. Las plataformas deberán entregar datos como dirección IP, registros de conexión e identificación de usuarios en un plazo de 48 horas para casos urgentes y 15 días en los demás casos.
El incumplimiento será sancionado con una multa de 20 mil UTM y, en casos reiterados o de negativa manifiesta, un tribunal podrá ordenar, como última medida, el bloqueo del servicio en Chile.
Domicilio de plataformas digitales: Autoridades entregan observaciones
Para este análisis la comisión recibió al director general de Asuntos Económicos Multilaterales, de SUBREI, Felipe Henríquez. Este advirtió que esta exigencia debe considerar los compromisos comerciales internacionales asumidos por el país.
Sobre el punto, explicó que Chile mantiene 36 acuerdos económico-comerciales con 66 economías del mundo, que abarcan el 89% del PIB mundial. En materia de servicios, estos acuerdos establecen principios como la no discriminación, transparencia, acceso a mercados y regulación objetiva e imparcial.
En este sentido, puntualizó que 17 de esos acuerdos comerciales contienen disposiciones sobre presencia local, que impiden exigir a un proveedor extranjero establecer o mantener una oficina, empresa o residencia en el país como condición para prestar un servicio transfronterizo. Por ello, la obligación de domicilio contemplada en este proyecto debe analizarse en relación con estos compromisos internacionales.
Desde la mirada de la Policía de Investigaciones, el jefe de la brigada del cibercrimen metropolitana, subprefecto Eugenio Rios respaldó la necesidad de que las plataformas digitales cuenten con una contraparte efectiva y domiciliada en Chile. Además, que tengan capacidades claramente definidas para gestionar y responder oportunamente los requerimientos de información de las autoridades.
En cuanto a los plazos contenidos en la propuesta legal, consideró que las 48 horas establecidas para solicitudes urgentes son excesivas frente a la rapidez con que opera actualmente la tecnología. Por ello, propuso reducirlas a un rango de entre 2 y 24 horas. Esto, a su juicio, permitiría obtener o resguardar con mayor rapidez información relevante para investigaciones vinculadas no solo a plataformas de apuestas online, sino también a redes sociales, servicios de streaming y otras plataformas digitales.
El jefe de cibercrimen también dijo que establecer solo disponer de un representante legal en el país puede ser insuficiente si este solo se limita a tramitar solicitudes hacia empresas o servidores ubicados en el extranjero. Por ello, propuso avanzar hacia una presencia operativa real en Chile, que permita acceder y entregar los datos requeridos sin tener que recurrir constantemente a mecanismos de cooperación internacional.
Finalmente, destacó la importancia de establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento efectivo de las obligaciones de colaboración; condiciones técnicas para la entrega, almacenamiento, respaldo y cadena de custodia de la información. Todo ello, sostuvo, debe fortalecer las capacidades investigativas de la PDI y el Ministerio Público, manteniendo un equilibrio con la protección de los derechos de las personas.
Opiniones legislativas
Los integrantes de la comisión plantearon inquietudes respecto de la compatibilidad del proyecto con los tratados comerciales internacionales y las eventuales restricciones para exigir presencia local a las plataformas digitales.
Asimismo, abordaron las diferencias entre fijar domicilio en Chile, designar un representante legal o establecer un punto de contacto, y sus efectos sobre la jurisdicción aplicable. También manifestaron preocupación por las dificultades para obtener información de plataformas radicadas en el extranjero durante investigaciones criminales.
Finalmente, solicitaron conocer la experiencia internacional, los actuales resguardos para los usuarios y las alternativas que permitan una cooperación efectiva de las plataformas con las autoridades chilenas, sin afectar los compromisos internacionales ni generar barreras a la competencia.
Educación digital
En otro punto, la comisión inició el debate del proyecto que incorpora la alfabetización en materias digitales y sobre inteligencia artificial en el curriculum educacional (boletín 18507)
El autor del proyecto, diputado Daniel Manouchehri, señaló que el proyecto puede ser el punto de inicio para comprender que el mundo digital y la inteligencia artificial deben dejar de depender del colegio donde se estudia, del barrio donde nació un niño o de los recursos que tiene una familia.
Así, la alfabetización digital es fundamental para decidir si el país será únicamente un consumidor de tecnología o tendrá también la capacidad de ser productor.
Los integrantes de la comisión valoraron la propuesta de incorporar la alfabetización computacional y la inteligencia artificial en la educación básica y media. Destacaron su importancia para modernizar la enseñanza y preparar a los estudiantes frente a los cambios tecnológicos.
Asimismo, plantearon como un desafío la capacitación de los docentes, el uso crítico y responsable de la IA y su incorporación al currículum nacional. También solicitaron conocer la visión del Ministerio de Educación y la experiencia de otros países en esta materia.