La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto (boletín 18525) que modifica la ley que fortalece la institucionalidad municipal, en materia de seguridad pública y prevención del delito.
El texto actualiza la ley 21.802, para permitir su adecuada y coherente implementación, con el objeto de asegurar que los estándares de la prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito, realizado por las municipalidades, mejore sustantivamente y sea efectivamente realizado.
Informó el texto en Sala la diputada Claudia Mora. Durante el debate se relevó, en términos generales, que el proyecto considera factores como la extensión territorial y la ruralidad para la contratación del personal de seguridad, lo que irá de la mano con la necesidad de acreditar su idoneidad física y sicológica.
Igualmente, que la norma propuesta entrega mayores herramientas para aumentar la seguridad en los barrios, al significar una presencia efectiva y mayor coordinación con carabineros.
Sin embargo, algunas voces plantearon dudas respecto del financiamiento, que debiera venir del nivel central y no del mismo presupuesto municipal. Asimismo, de la necesidad de velar porque la contratación de personal no derive en cuoteo político o en la llegada de operadores políticos a los municipios.
Participaron en el debate las y los diputados Andrea Parra, Eileen Urqueta, Eduardo Cretton, Sebastián Cristoffanini, Leandro Kunstmann, Carolina Tello, Irací Hassler, Tomás Kast, Carolina Cucumides, Carlo Arqueros, Carlos Cuadrado, Daniel Lilayu, Javier Olivares y Carlos Chandía.
Intervinieron también, Álvaro Jofré, César Valenzuela, Sofía González, Ricardo Neumann, Ignacio Achurra, Álvaro Carter, Marcela Hernando, Juan Carlos Beltrán, Carlos Carvajal, Gonzalo Winter, Felipe Ross, Mauro González, Javier Muñoz, Mario Olavarría, Francisco Crisóstomo y Cristian Mella.
Seguridad municipal
La norma precisa que, para la contratación de personal de seguridad, los municipios podrán exceder, hasta en un 5% de sus ingresos propios percibidos en el año anterior, el límite legal del 42% para gastos de personal, establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
Sin embargo, la autorización excepcional para utilizar en las contrataciones de inspectores de seguridad hasta el 15 o el 25% por ciento de dichos ingresos, que venía aprobada desde la Comisión de Gobierno Interior, resultó rechazada por lo alcanzar el quorum calificado requerido de 78 votos a favor.
Respecto del funcionamiento de los vehículos de seguridad, el proyecto permite a sus conductores a operar con licencia de conducir clase B, lo que permitirá que los vehículos sigan en operaciones sin que su conductor posea clase F, documento que autoriza el manejo de vehículos de emergencia.