Por tres votos en contra, uno a favor y una abstención, la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, rechazó el libelo, tras fijarse la convicción de que no hay bases para sostener ninguno de sus capítulos.
En contra del libelo se manifestaron la presidenta de la comisión, Marcela Hernando, y los diputados Alejandro Bernales y Carlos Bianchi.
Bernales recordó que los expertos resaltaron que toda proyección contiene un margen inevitable de incertidumbre. En tal plano, consideró que presentar una acusación constitucional por esta materia es abrir un “precedente peligroso”. Dijo que distinto habría sido si se hubiese acreditado manejo de las cifras de forma intencionada o dolo en el actuar, lo que se descartó en las pruebas.
Recordó que la propia Dipres afirmó que aun hay investigaciones en curso, mientras que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) aclaró hoy que no hay inconsistencia aritmética en las cifras de los informes del Gobierno pasado. Bajo esas consideraciones, sostuvo que el libelo “no logra acreditar una infracción constitucional grave y carece de antecedentes suficientes para mostrar dolo o culpa grave”.
Carlos Bianchi dijo que no quedó demostrada una inconsistencia en los datos. También mencionó la investigación en curso de la Dipres y que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó que las estimaciones no son una ciencia exacta. “Y hoy Chile entero ve el informe del CFA que acaba señalar que no hubo ninguna inconsistencia en el informe de finanzas públicas (…) No existe ningún mérito jurídico para poder acoger esta acusación constitucional”, afirmó.
Marcela Hernando sostuvo que el libelo no identifica hechos específicos, claros ni personalmente atribuibles al acusado en el ejercicio de sus atribuciones propias. “Las acusaciones son genéricas”, sentenció.
Criticó que la acusación aplique un régimen de responsabilidad por resultados de estimaciones, las cuales, como indicaron los testimonios en la comisión, tuvieron variaciones por eventos posteriores no previsibles. Asimismo, replicó lo mencionado hoy por el CFA, en cuanto a que no existen inconsistencias aritméticas en los informes.
A favor y voto de abstención
La diputada Joanna Pérez votó por la abstención. Planteó que sí hubo una mala gestión fiscal en el Gobierno anterior, con serios problemas en la conducción de las finanzas públicas, donde se hicieron diversas advertencias para corregir el rumbo. En tal plano, señaló que si era por hacer un reproche político, debió apuntarse también a Mario Marcel, quien condujo Hacienda durante la mayor parte del periodo.
Consideró que una acusación constitucional no es una herramienta cualquiera, que incluye una sanción grave que, por lo tanto, debe justificarse frente a estándares mínimos. Replicó en tal plano el testimonio de la exministra Marisol Peña, en cuanto a que el libelo no logra respaldar sus afirmaciones. Además, reconoció el peso de lo dicho hoy por el CFA. Sin embargo, dijo que prefería dejar la decisión a la Sala, entendiendo la variedad de opiniones al interior de su bancada.
Por último, el diputado Luis Sánchez observó que hubo opiniones en la comisión que daban mérito a una acusación que perseguía el cumplimiento de deberes de las y los ministros de Estado, en este caso, por publicar cifras que no se cumplieron. “La conducta que define la infracción muestra al Congreso datos que no reúnen toda la realidad, pese a que había datos conocidos en ese momento (…) ¿Cómo entender, entonces, que esas variables no fueran consideradas? No tuve respuestas claras”, evaluó.
Además, validó que se conjuguen hechos jurídicos con razones políticas y desestimó que las acusaciones constitucionales sean una herramienta solo de última ratio. “Voto a favor de esta acusación constitucional”, sentenció.
Audiencias en el proceso
Para fijar su posición, el grupo parlamentario escuchó variadas exposiciones. En primer lugar, se atendió a los alegatos de la defensa del exministro Grau, en la persona del abogado Patricio Zapata. Luego, asistieron el exministro de Hacienda, Mario Marcel; y el director de Presupuestos de la presente administración, José Pablo Gómez.
A los anteriores se sumaron las opiniones de la exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña; de los economistas Jorge Berríos y Gabriel Palma; y del abogado Jorge Correa Sutil. Finalmente, hoy (lunes 22 de junio), se recibió el testimonio de los exministros de Hacienda, Manuel Marfán y Andrés Velasco; del exministro del Tribunal Constitucional, Juan José Romero; y del abogado, Felipe Lizama.
Cabe recordar que la Sala de la Cámara se convocará mañana para el tratamiento de esta acusación constitucional, a partir de las 10:00 hrs. y hasta total despacho.