Con el objeto de despejar dudas respecto de la procedencia de la salida de la exsubdirectora de inteligencia, Consuelo Peña, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.
La razón de la convocatoria realizada por la instancia fue aclarar la legalidad del procedimiento y si existió o no injerencia del Ejecutivo en el retiro de la funcionaria. Ello, debido a una eventual mala relación entre Peña y la recién asumida ministra de seguridad, Trinidad Steinert.
En su exposición, Eduardo Cerna afirmó que la salida de la exsubdirectora fue una atribución propia de su cargo, la cual se ajustó a la normativa vigente. Defendió la legalidad del trámite y recordó que la ley otorga flexibilidad, agilidad y oportunidad al director general en la conformación o reestructuración del alto mando institucional.
Sin perjuicio de ello, recordó también que la PDI es una institución jerarquizada y no deliberante.
Reacciones por la salida de la exsubdirectora
La exposición de Cerna tuvo distinta recepción entre las y los diputados de la instancia. En el oficialismo se recibió como el término de la controversia. En esta línea, se llamó a dejar actuar a la policía civil dentro de las funciones que le son propias.
Destacaron que se trató de un procedimiento autónomo, reglado y respecto del cual no le corresponde una fiscalización directa a la Cámara, pues se trata de un hecho ajustado a la mecánica institucional.
Por su parte, los parlamentarios que no componen la alianza de Gobierno sostuvieron que persisten las dudas, considerando que la medida se tomó tras el oficio enviado al director de la PDI por la propia ministra Steinert, pidiendo explicaciones por medidas adoptadas por la exsubdirectora de inteligencia.
Agregaron que, por su condición de dependencia y no deliberancia, Cerna estaba imposibilitado de declarar de otra forma, sosteniendo que las explicaciones políticas de los hechos ocurridos quedaron completamente al debe.
En virtud de lo anterior, agregaron que insistirán en que el Ministerio de Seguridad Pública y, particularmente, la ministra Steinert, explique ante la instancia lo sucedido.
Sumado a ello, sostuvieron que pedirán a la Contraloría los oficios respectivos para despejar las interrogantes que, a su juicio, se mantienen en torno a este caso.