Reconocer expresamente a los comités de administración la facultad de emitir certificados de residencia es la finalidad de un proyecto (boletín 17737) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
La propuesta busca subsanar un vacío normativo existente en la Ley 21.442, sobre copropiedad inmobiliaria. Además, se propone asegurar un acceso equitativo a un medio formal de acreditación de domicilio para quienes habitan bajo el régimen de copropiedad.
La iniciativa se originó en una moción impulsada por el exdiputado Tomás Lagomarsino, junto a otros exlegisladores y a parlamentarios aún vigentes. Se revisó en la Comisión de Vivienda, cuyo informe lo rindió el diputado Juan Carlos Beltrán.
El texto agrega en la citada ley una nueva función para los administradores de copropiedades. Ella permite emitir certificados de residencia a solicitud de los copropietarios u ocupantes del condominio o edificio.
Al requirente o al administrador que falte a la verdad sobre los datos, les serán aplicables las sanciones contempladas en el artículo 212 del Código Penal. Dicha disposición establece una pena de prisión, en cualquiera de sus grados, o multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.
El proyecto, igualmente, ordena al administrador a llevar un registro de los certificados emitidos. Asimismo, se obliga a impulsar las adecuaciones reglamentarias del caso, para establecer los procedimientos, requisitos, formatos y registro de los certificados de residencia. Para ello se otorga un plazo de seis meses.
Por este tema solo expuso el diputado Daniel Lilayu. Estimó que esta iniciativa tendrá un impacto directo en las familias, al superar muchas trabas que hoy existen para obtener certificados de residencia. Junto a esto, evaluó que esta iniciativa es de sentido común, con reglas claras, registros formales y sanciones frente a infracciones.
Estado de excepción
Además del tema de los certificados de residencia, la Sala de la Cámara aprobó una nueva extensión del estado de excepción (EE) en la macrozona sur, la primera solicitud del Gobierno de José Antonio Kast.
El reporte entregado junto a la solicitud presidencial da cuenta que, hasta el 01 de marzo de 2026, se observa un aumento del 9% en la cantidad de eventos de violencia rural con respecto al mismo periodo en 2025. Sin embargo, en comparación con 2021, se reporta un descenso del 76%.
A nivel regional, los eventos disminuyeron respecto del 2025 en las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos, pero subió en La Araucanía.
El texto remarca que la baja de eventos en los últimos meses no implica la desarticulación de los grupos armados organizados. Tampoco la desaparición de la violencia rural de tipo terrorista. De ahí que se solicite la mantención de la medida constitucional.
Debate y Ejecutivo
Participaron en el debate Gloria Naveillan, Juan Carlos Beltrán, Enrique Bassaletti, Tomás Kast, Flor Contreras, José Montalva, Patricio Pinilla, René Manuel García, Coca Ñanco, Marcos Ilabaca, Macarena Santelices, Eduardo Cretton, Stephan Schubert, Andrea Parra, Javier Olivares, Jaime Bassa, Flor Weisse, Paz Charpentier, Daniel Valenzuela, Valentina Becerra, Emilia Schneider, Cristián Neira, Sergio Bobadilla, Emilia Nuyado, Marcos Barraza y Pier Karlezi.
En la discusión, hubo quienes expresaron desilusión por la mantención de este EE, bajo los mismos términos que lo realizado durante el Gobierno anterior. Así, resaltaron la necesidad de efectuar nuevas acciones y cambios relevantes en la estrategia.
Otros criticaron la paralización de inversiones y de la compra de tierras para las comunidades mapuches. Asimismo, se consultó si se seguiría con el Plan Buen Vivir (PBV) y el esfuerzo de nivelación económica y de desarrollo para una región atrasada respecto del país.
Por otra parte, se reconoció que el uso de esta herramienta ha tenido frutos positivos, concretándose cambios efectivos en pro de mejorar la seguridad en la zona bajo el EE. En tal plano, consideraron oportuno mantener la medida propuesta por el Presidente.
Por el Ejecutivo expusieron los ministros del Interior, Claudio Alvarado; y de Defensa, Fernando Barros. El primero remarcó que, pese a las mejoras innegables propiciadas por el EE a través de su instauración y 66 renovaciones, aun es preciso mantenerlo. “La situación está lejos de haberse normalizado”, sentenció, recordando, como ejemplo, los últimos ataques incendiarios ocurridos en La Araucanía.
Por otra parte, Alvarado resaltó que el PBV, así como otros programas asociados a este tema, están aprobados en Ley de presupuestos. En tal plano, afirmó que se continuará con ellos y que se irá evaluando su efectividad en el tiempo.