La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general un proyecto (boletín 17561) que modifica la Ley 18.290, de Tránsito. Su objetivo es establecer la prisión preventiva obligatoria para quienes sean imputados por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cuando el hecho tenga como resultado lesiones graves gravísimas o la muerte.
La iniciativa sostiene que la “Ley Emilia” contribuyó a reducir los accidentes asociados a la conducción en estado de ebriedad. Asimismo, generó un cambio cultural, reforzando el reproche social frente a este tipo de conductas.
No obstante, la propuesta advierte que, en la práctica, la prisión preventiva se aplica de manera flexible, incluso, en casos con resultado de muerte. Junto a esto, cuestiona que la legislación vigente contemple la misma sanción para las lesiones gravísimas y la muerte, pese a la evidente diferencia en su gravedad.
En ese contexto, el proyecto plantea establecer un tratamiento procesal más estricto, imponiendo la prisión preventiva como medida cautelar obligatoria en los casos señalados.
Audiencias respecto de la propuesta
Carolina Figueroa, de la Fundación Emilia, estimó que la prisión preventiva obligatoria no sustituye una política penal coherente. Evaluó que, si el legislador califica estos hechos como delitos graves, debería expresarlo en la pena y en la tipificación.
En su exposición, manifestó que una reforma centrada en investigación, proporcionalidad y ejecución reduce dilaciones y evita la victimización secundaria.
Desde la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile, el teniente coronel Eduardo Paredes informó que, en el país, se registran 200 siniestros viales y cuatro fallecidos al día.
Comunicó que Carabineros realiza más de 16 mil controles vehiculares diarios, incluidos controles de alcohol y droga. En este marco, aclaró que el “narcotest” permite detectar cinco tipos de sustancias. Remarcó que, pese a estas medidas, en 2025 las muertes por siniestros viales aumentaron un 4,7%. Así, planteó que modificaciones a la Ley de Tránsito buscan positivamente reforzar las sanciones y contribuir a prevenir estos hechos.
Pidió que la modificación que se quiere hacer no deje fuera la conducción en estado de intemperancia. Recalcó que, tanto la conducción en estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol o de una sustancia estupefaciente o psicotrópica, son factores que influyen en la reacción de los conductores.
Subrayó que todas las modificaciones que se realicen en la Ley de Transito, que vayan en directo beneficio de los usuarios de las vías y que evite victimas fatales, es favorable.
Participaron, además, la directora del Senda, Natalia Riffo; y María Angélica San Martín, del Ministerio Público, quienes coincidieron con la Fundación Emilia en la necesidad de modificar la pena.
Opinión parlamentaria
La diputada Flor Weisse, autora de la moción, explicó que el proyecto surge tras el trágico accidente, ocurrido hace más de un año, en Santa Bárbara, que terminó con la vida de Úrsula González. (Ver nota)
La parlamentaria sostuvo que no se trata de un caso aislado, ya que hechos similares han seguido ocurriendo. De ahí que se busquen medidas realmente disuasivas. En este sentido, destacó que el objetivo es establecer la prisión preventiva obligatoria cuando la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas tenga como resultado la muerte o lesiones graves.
Anticipó que, en la discusión en particular, se presentarán indicaciones para fortalecer el proyecto, tanto en materia de medidas cautelares como en el aumento de las penas. De tal modo, se espera que exista una sanción más proporcional a la gravedad de estos hechos.
Para Carlos Bianchi, se trata de un proyecto complejo, que tiene implicancias jurídicas y constitucionales significativas. Sin embargo, reconoció el amplio número de muertes por estas circunstancias, hecho que impulsó a la comisión a dar una señal clara de apoyo al proyecto, aprobándolo en general.
Respecto de las observaciones planteadas durante la sesión, indicó que esta etapa del debate legislativo busca, precisamente, fortalecer la propuesta mediante indicaciones que permitan perfeccionar el proyecto de ley.
Agregó que muchas de estas sugerencias podrían ser inadmisibles si no son patrocinadas por el Ejecutivo. En tal plano, consideró relevante que el nuevo Gobierno recoja estas propuestas y las transforme en indicaciones viables para mejorar la iniciativa.
Testimonio desde familias
En la sesión también estuvo presente la familia de Úrsula. Su hermana, Vania González, comentó que este proyecto abre un camino de esperanza para las familias que vivieron tragedias producto de siniestros viales.
Expresó que, además del dolor de perder a un ser querido, incluso sin poder despedirse, las familias enfrentan procesos judiciales largos. A estos se suman medidas cautelares que no siempre se cumplen y sentencias que resultan muy bajas frente al daño irreparable de perder una vida.
“A través del caso de mi hermana Úrsula, sentimos que se abre una luz para el futuro. Aunque en nuestro caso aún no hemos logrado justicia, creemos que este proceso puede ayudar a que otras familias no tengan que pasar por lo mismo”, señalaron.