Con un perfil reactivador y de focalización de recursos públicos, la Sala de la Cámara aprobó, en tercer trámite, el proyecto (boletín 17641) que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo (SUE). Este será de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
La iniciativa se revisó según las modificaciones del Senado, las cuales se aprobaron íntegramente, tras siete votaciones. Con ello, el texto quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación.
La propuesta beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado. Priorizará a grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal:
- Mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad.
- Jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad.
- Personas de más de 55 años.
- Personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad.
El beneficio considera un criterio de focalización socioeconómica de acuerdo al Registro Social de Hogares para las tres primeras líneas. La línea de discapacidad, en tanto, no tendrá esta focalización.
Además, prioriza la entrega de subsidios a las pymes al incorporar un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa.
Enmiendas del Senado
En materia de requisitos generales, el texto despachado por la Cámara exige a los beneficiarios acreditar que la o el trabajador mantiene una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales (IMM) y pertenece a los grupos prioritarios mencionados. También definió requisitos para las y los trabajadores: registrar, a lo menos, seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos, dentro de los 18 meses anteriores a la postulación.
En el Senado se agregó que, por medio de un decreto, será posible ajustar temporalmente la regla de tiempo atingente a las y los trabajadores. La modificación podría activarse en una doble vía: implicar una reducción temporal respecto de la cantidad total de meses previos a la postulación que se considerarán; o los meses continuos o discontinuos de desempleo de la persona para acceder al subsidio.
También se especificó que el cumplimiento del nivel de vulnerabilidad socioeconómica se revisará, exclusivamente, por el Sence. Este informará al empleador al momento de determinar la procedencia del SUE.
Otro agregado apuntó a fijar en 15 meses el plazo máximo de derecho al subsidio para micro y pequeñas empresas.
Igualmente, se hacen precisiones en los requisitos específicos definidos para las empresas, en particular, lo referente al límite por trabajadores. Si bien se mantiene el tope de 200 empleados para que la empresa impute el subsidio, el límite no afectará a trabajadores beneficiarios que cumplen con los requisitos.
Asimismo, se aclara que, si dentro de los meses de duración del subsidio, el o la trabajadora supera la renta bruta de 2,25 IMM, no recibirá aporte monetario en dicho mes. Sin embargo, se computará, de igual modo, a la duración total del beneficio.
Por otra parte, se define que la asignación del SUE se ajustará a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Variaciones en el gasto para este ítem deberán ser informadas a las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado.
Finalmente, entre los cambios relevantes se detalla que, para el primer año presupuestario de entrega del beneficio, la asignación de nuevos beneficios no podrá importar gastos que superen $103.735 millones. De superarse el monto, se suspenderá el otorgamiento de nuevos subsidios durante la respectiva anualidad presupuestaria.
Debate
En la discusión de este proyecto participaron Carolina Tello, Diego Ibáñez, Hotuiti Teao, Juan Carlos Beltrán, Luis Sánchez, Roberto Arroyo, Miguel Mellado, Agustín Romero, Erika Olivera, Chiara Barchiesi y René Alinco. Por el Ejecutivo expuso el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.
La mayoría de las intervenciones apoyaron la propuesta y anunciaron su voto favorable. Plantearon que se avanza en focalización, tanto de las y los trabajadores más rezagados en el mercado laboral, como de los empleadores, apuntando, principalmente, a las mipymes.
También valoraron las simplificación de los trámites y una mejor utilización de fondos públicos, hoy dispersos.
Igualmente, hubo comentarios que relevaron la necesidad del crecimiento económico y de dar mejores condiciones a los empleadores. Asimismo, se estimó que emprender medidas como esta implica que el mercado laboral no está funcionando como debe.
Por su parte, el ministro Boccardo remarcó que el subsidio unificado al empleo fomenta la contratación de personas, con una herramienta de más fácil y amplio acceso. Resaltó que en el trámite legislativo se propiciaron mejoras, como el aumento a quince meses de la aplicación del beneficio para personas con discapacidad y mipymes. De igual modo, se habrían incorporado resguardos para la situación fiscal.