Una serie de accidentes recientes con víctimas fatales ha vuelto a instalar la seguridad vial y la necesidad de control de alcohol y drogas en conductores del transporte en el centro del debate público. En tal contexto, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones modificó su tabla y puso en análisis una propuesta legal que aborda este tema.
Se trata del proyecto (boletín 16872) que busca implementar el control de alcohol y drogas en el transporte, obligando a las empresas de transporte remunerado a realizar evaluaciones preventivas a sus conductores.
La iniciativa, de hecho, tuvo su fundamento en un trágico hecho acontecido el 5 de mayo de 2024. En la ocasión, una familia completa falleció en la autopista Troncal Sur, en Villa Alemana, tras colisionar con un microbús. Su conductor habría transitado a exceso de velocidad. Asimismo, tomó en cuenta el accidente ocurrido el 13 de mayo de ese año, donde un adolescente de 14 años murió atropellado mientras esperaba locomoción en el cerro Cordillera, en Valparaíso. La investigación determinó que el chofer conducía bajo los efectos de cocaína.
A estos hechos se suman otros accidentes, el más reciente, el del pasado jueves, en Valparaíso. En él, una alumna perdió la vida tras ser impactada por un conductor que también habría manejado bajo el efecto de drogas ilícitas.
A juicio de las y los diputados, así como del Ejecutivo, estos episodios reafirman la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y control para resguardar la vida de quienes transitan por nuestras calles. De ahí que la iniciativa contara, desde ayer, con calificación de urgencia suma (15 días para el trámite).
Más controles para conductores del transporte
El proyecto establece la obligación de aplicar controles periódicos para detectar consumo de drogas en conductores del transporte público y privado. Además, las empresas deberán informar, semestralmente, a las autoridades sobre la realización de estos test.
La idea central es fortalecer la prevención en un sector que transporta diariamente a miles de personas. Por ello, se busca que las empresas asuman un rol activo en la seguridad, implementando controles regulares y preventivos.
Durante la sesión, intervino el subsecretario de Transportes, Jorge Daza. Recalcó que, hoy, el Ministerio no posee atribuciones para exigir estos exámenes en la locomoción colectiva. Ante esto, valoró que la propuesta legal plantee otorgar dichas facultades y reforzar la protección de las personas en todo el país.
Asimismo, destacó la necesidad de fomentar educación y conciencia pública respecto a los riesgos del consumo de drogas al conducir. A la vez, enfatizó que la detección de drogas es históricamente más compleja que la del alcohol, lo que exige mayores recursos para fiscalizar.
Test semestrales y refuerzos a la seguridad vial
En la ocasión, también intervino la impulsora del proyecto, la diputada Carolina Marzán. Advirtió respecto del aumento de muertes vinculadas a la conducción irresponsable. Además, recordó que el proyecto obliga a las empresas a realizar test cada seis meses a sus conductores.
También se mencionó la Ley 21.692, que crea recursos destinados a mejorar la conducción segura de pasajeros. Gracias a esta normativa, las empresas podrán financiar la aplicación de los controles mediante procesos de postulación.
La implementación requerirá crear una nueva unidad en el Ministerio de Transportes, debido al alto número de conductores que deben ser fiscalizados a nivel nacional.
En el debate, se planteó avanzar hacia exámenes más sofisticados, regulados por un reglamento que establezca procedimientos claros y asegure validez probatoria. Esto busca evitar controversias en eventuales procesos judiciales.
De igual modo, se advirtió que algunos conductores evaden el alcotest, lo que dificulta comprobar consumo de sustancias. Por ello, se recalcó la necesidad de mantener controles permanentes y más estrictos.
En su análisis, la comisión efectuó un estudio comparado de la normativa chilena con la brasileña. En ella se exige un examen de drogas para renovar la licencia. Según se planteó, medidas de este tipo permiten avanzar hacia un cambio cultural en seguridad vial.
El grupo parlamentario continuará estudiando este proyecto en las próximas sesiones.