La Comisión de Gobierno Interior aprobó por unanimidad legislar en materia de participación ciudadana. Se trata del proyecto que modifica la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (boletín 17797) que busca otorgar mayor densidad normativa a la participación ciudadana así como reconocer los diferentes instrumentos para ejercerla como derecho.
En ese sentido, el texto presentado a trámite por el Presidente de la República, reconoce que la participación ciudadana debe adaptarse a la diversidad territorial, cultural y social del país. Para ello, propone una arquitectura normativa que permita a cada institución ajustar los mecanismos a su propia realidad.
Por ello, promueve una implementación flexible, a escala y contextos, tanto urbanos como rurales. Asimismo, incorpora metodologías deliberativas abiertas a la participación presencial o virtual, según las condiciones de cada territorio.
El proyecto plantea que un reglamento dictado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno definirá los estándares comunes que regirán su implementación, resguardando tanto la flexibilidad institucional como criterios mínimos de calidad democrática.
Adicionalmente, instituye que cada municipalidad procurará incluir en sus planes anuales de capacitación la formación continua de sus funcionarios y funcionarias en mecanismos de participación.
Participación Ciudadana como derecho
Durante la sesión expuso el presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil (Chilecosoc), Daniel Oyarzún.
El consejero indicó que es fundamental que la ley 20.500 tenga sanciones al incumplimiento injustificado. Puntualizó que “los funcionarios públicos deben estar obligados a implementar los mecanismos de participación ciudadana como el Consejo de la Sociedad Civil”.
Por su parte, Grace Smith, en representación del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que es necesario fortalecer y transversalizar garantías que permitan el ejercicio y goce de los derechos de participación de la niñez y adolescencia. De esta manera, dijo que se deben generar mecanismos existentes de participación efectiva a nivel nacional, regional y local, en los sistemas públicos y sociales para niños, niñas y adolescentes.
Además, que se requiere impulsar una reforma normativa para fortalecer la participación, la cual debe reconocer y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar de manera directa.
Centros de internación de extranjeros
En una segunda materia legislativa, la comisión rechazó en general, por 4 votos en contra, 2 a favor y 2 abstenciones, el proyecto que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión (boletín 17164). La iniciativa pasará ahora a deliberación de la Sala de la Corporación para que resuelva si respalda o no esta propuesta legal.
En sus fundamentos, la moción impulsada por la diputada Camila Musante plantea la necesidad de mejorar y perfeccionar el actual sistema de expulsiones, a fin de aumentar el éxito de los procedimientos, evitando fugas, y dotando de mayores certezas jurídicas a los involucrados.
Así, propone crear centros de internación -no penitenciarios- para personas extranjeras que sean objeto de una orden de expulsión. Estos no podrán permanecer en el lugar más de 60 días corridos y donde se resguardarán todos sus derechos.
Por último, la Comisión de Gobierno Interior recibió durante la jornada al director general (S) de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica, para abordar el caso de seis funcionarios que fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal de garantía respectivo, por su presunta participación en delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y contrabando, entre otros.