La Comisión de Familia resolvió aprobar la idea de legislar respecto del proyecto que plantea establecer el derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y priorizar el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a mujeres embarazadas y a niños, niñas y adolescentes (NNA) que formen parte de programas de protección especializada (boletín 17645).
La instancia había acordado en sesión anterior escuchar más opiniones y recibir informes relacionados con la materia antes de resolver seguir con la tramitación legislativa del proyecto. Para ello, escuchó a representantes del Ministerio de Vivienda y del Servicio de Protección Especializada, así como de la Organización Voces ex Sename.
Tras ello, las y los diputados se manifestaron a favor de la propuesta legal. La diputada Lorena Pizarro dijo que, aunque existen espacios públicos con atención preferente, esto no constituye una obligación legal. Tampoco, añadió, abarca a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Agregó que, tras escuchar las intervenciones, el proyecto aún no aborda el fondo de los problemas, como el acceso a atención siquiátrica y garantía real de derechos. También subrayó la urgencia de que los proyectos de ley protejan de manera transversal a niños, niñas y adolescentes en desprotección. Pero, del mimo modo, a quienes como adultos arrastran las secuelas de la institucionalización.
Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Irarrázaval, destacó que quienes promueven este proyecto buscan garantizar esta atención preferente. Y, agregó, que aunque hoy existen algunos mecanismos, el objetivo del proyecto es establecer esta atención por ley.
Precisó que esta atención no crea una facultad nueva, sino, simplemente, establece que debe otorgarse porque es necesaria. Por ejemplo, reseñó que en organismos colaboradores hay casos de niños que permanecen meses sin carnet de identidad. Esto les impide generar su ficha clínica y dificulta el acceso a atención de salud física y mental, así como a la historia completa del menor.
Observaciones al proyecto
Cristián Acosta, de Voces ex Sename, afirmó que las vulneraciones en el sistema de protección son sistemáticas. Agregó que, a su juicio, son resultado de negligencia y falta de fiscalización. Por esta razón, exigió controles reales en las residencias, mecanismos para eliminar conflictos de interés con los colaboradores y sanciones para quienes violen derechos.
El dirigente, además, alertó sobre los altos riesgos asociados a la institucionalización. Por eso, planteó como prioridad la atención en salud mental para niños, jóvenes, adultos afectados y sus madres o cuidadoras. (Ver exposición)
Otro punto que mencionó es la responsabilidad estatal en prevenir y sancionar vulneraciones, y propuso incluir la participación obligatoria de egresados del Sename en la fiscalización.
Ejecutivo
Por otra parte, el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, dijo que Chile cuenta ahora con un marco mucho más robusto en materia de protección y priorización. Esto, añadió, a partir de lo establecido en la Ley 21.302.
Por ello, sostuvo que el proyecto no debiera reiterar la idea de la priorización, porque duplicaría una norma vigente. Sin embargo, destacó que la iniciativa representa una oportunidad para establecer obligaciones explícitas que agreguen valor a la gestión del servicio.
El personero destacó que el proyecto incorpore criterios de edad, pero indicó que este no debiera ser el único enfoque. Al respecto, mencionó que se deben considerar diversas situaciones de desprotección, problemas de salud mental de NNA y sus cuidadores así como el consumo temprano de drogas y alcohol.
Estos factores, afirmó, se reflejan en el aumento de ingresos de recién nacidos y niños pequeños al sistema, debido al consumo de drogas durante la gestación. Este fenómeno ha provocado que la presencia de niños entre 0 y 3 años en residencias haya aumentado cerca de un 40%.
También aclaró que el Servicio tiene la obligación de atender únicamente a los niños derivados por los tribunales de Familia y no cuenta con recursos para financiar inversiones que correspondan a otros sectores, como educación, salud o rehabilitación por consumo de drogas.