En Chile, el Estado sólo cubre el 17% del gasto en medicamentos, mientras que los hogares asumen el 62%. Así lo concluye el estudio “Caracterización del Gasto Público en Salud” dado en conocer a las y los diputados de la Comisión de Salud. La información se entregó en el contexto del análisis del proyecto de ley que perfecciona la Ley Ricarte Soto (boletines 17567 y 15047).
La investigación, a cargo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), mostró que el gasto público en salud en nuestro país alcanzó, en 2024, el 10,5% del PIB. De dicha cifra, sólo el 0,46% del PIB corresponde a gasto público en medicamentos. Es decir, un tercio de lo que destinan algunos países europeos.
El investigador Benjamín Ahumada dijo que la primera medición revisó 10 años de gasto público en salud, desde 2014 a 2024, pasando de un presupuesto del 7,8% al 10,5% del PIB. Esto lo posiciona a niveles de países de la OCDE.
Entre los antecedentes, mencionó que, hasta 2026, no existe un programa en el Presupuesto que permita gestionar el gasto público en medicamentos. Sólo la ley Ricarte Soto y el Programa Nacional de Inmunización representan el 2% del presupuesto en salud. Sin embargo, el gasto en medicamentos en 2024 representó el 9,01%.
Inequidad territorial
Los hallazgos del segundo informe, realizado este año, demostraron que, en 2024, existió una brecha de gasto en medicamentos cercana a 70 mil pesos por beneficiario, según la distribución territorial. Ello, considerando Servicios de Salud y municipios. Esto considera un mínimo que supera los 44 mil pesos, en Iquique; y un máximo, sobre los 114 mil pesos, en Magallanes.
Por otra parte, en 2024 se registró una disminución del gasto público en medicamentos respecto a 2023, equivalente a una reducción de 2,3%. En este marco, los Servicios de Salud presentaron una baja de 7,3%.
La investigación plantea varios desafíos de aquí a 2030, como la sostenibilidad del gasto, la protección financiera de los hogares, la equidad territorial y acceso a la innovación. De tal modo, se propone expandir coberturas en patologías de alto gasto, generar cobertura en la modalidad libre elección y ahorro mediante compras centralizadas. También, crear un Programa de Acceso a Medicamentos Innovadores con acuerdos de riesgo compartido.
Sin embargo, desde la cartera de Salud, manifestaron que el estudio no considera algunas fuentes de información. Sobre el punto, la jefa de la División de Planificación Sanitaria, Tania Herrera, sostuvo que el gasto público en medicamentos aumentó desde 2018 a 2024, de un 1,23% a un 1,84%.
Sobre el gasto privado al retail, lo cifró en 49%. En cuanto a gasto de bolsillo en total, el 18% se destina a fármacos. ”Hemos ido mejorando a través de varios sistemas para que sea el Estado el que asuma el gasto en medicamentos y no las personas”, relevó.
Reacciones
El presidente de la instancia, diputado Patricio Rosas, dijo que el gasto de bolsillo es muy importante, para ir en salud, disminuyendo la presión para comprar medicamentos. Al respecto, destacó la disminución del gasto para las personas con diversas estrategias. Entre ellas, la disminución de precios con el listado de medicamentos de la ley Cenabast y las farmacias municipales. Por otra parte, relevó la política de copago cero de Fonasa para prestaciones de salud, que significaban un 75% del gasto de bolsillo versus 25% para medicamentos.
De este modo, sostuvo que este tipo de estudios permite determinar hacia dónde va la salud chilena. “Uno de los objetivos es que el Estado gaste cada vez menos en medicamentos, considerando el proceso preventivo. Nuestra población se enferma menos, consume menos medicamentos y se educa más sobre su uso”, planteó.
Estimó que la idea no es que tengamos una curva de aumento cada año, sino todo lo contrario, que cada vez se usen menos. “Además, Cenabast y la estrategia de compras públicas, han ido bajando los precios por medicamento. Hoy, con un porcentaje del PIB de salud igual, compramos el doble de medicamentos que hace diez años atrás”, subrayó.
En el contexto de la votación del proyecto de ley que moderniza la Ley Ricarte Soto, el diputado Tomás Lagomarsino destacó que se está en una discusión a futuro y de equidad.
Asimismo, cuestionó el sentido de tener las tecnologías más avanzadas del mundo en materia sanitaria si nadie va a poder acceder a ellas. “Ese es el cuestionamiento de fondo. Cómo lograr que estas tecnologías de alto costo sean accesibles a través del sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo”, destacó.