La Comisión de Agricultura continúa analizando el proyecto, iniciado en moción (boletín 17653), que establece un sistema de perfeccionamiento y registro obligatorio de contratos para la transacción de granos.
La iniciativa tiene como propósito bridar mayor transparencia y certezas en los procesos de compraventa de granos y sus derivados entre un productor agrícola y un agroindustrial o intermediario, para así resguardar nuestra seguridad y soberanía alimentaria.
Para ello, la propuesta, entre varios puntos, pasa por establecer la obligatoriedad de inscribir los contratos en el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con entrega a plazo.
En otro ámbito, busca el establecimiento de la publicación del costo alternativo de importación, sumando otros elementos. El objetivo es que se pueda establecer, por parte del agroindustrial o intermediario, un precio acorde al mercado para el productor agrícola. Los contratos serán de acceso público y conocidos por la Fiscalía Nacional Económica, que podrá hacer un seguimiento del mercado y de su composición.
Contratos de transacción de granos
En la sesión expuso la gerenta general de Molineros del Sur, Lorena Marchant. Señaló que este proyecto afecta negativamente a la industria porque atenta contra el libre mercado, distorsionando la competencia y aumentando los costos de transacción. Asimismo, estimó que fomenta la venta informal y reduce la competitividad de molinos pequeños y medianos, donde se favorecen a los grandes actores y a molinos importadores de trigo.
De igual manera, indicó que se incentiva el uso de trigo importado de calidad conocida, estandarizada y homogénea en desmedro del trigo nacional y amenaza la supervivencia de los molinos regionales, que son esenciales para las economías locales y el abastecimiento interno.
Mencionó que algunas alternativas constructivas que fortalecen la cadena trigo-harina-pan es combatir la informalidad, mejorar la productividad del trigo nacional y desarrollar instrumentos de cobertura de precios.
Por su parte, el representante de la Asociación Gremial de Molineros del Centro, Sergio Morales, indicó que ha cambiado el tipo de demanda de harina, en cuanto a su uso. Alertó que ha surgido con fuerza la automatización de la industria panificadora de grandes volúmenes.
Planteó que la oferta de pan se ha sofisticado, existiendo, hoy, diversos tipos de pan en los diferentes mercados, en todo momento. “Para lograr esta diversidad se requieren también diversos tipos de harina de panificación, con diversas propiedades funcionales”, indicó.
Enfatizó que el proyecto en análisis no aborda de manera relevante, la gran importancia de avanzar en el desarrollo tecnológico de variedades informadas con datos objetivos que son claves para el agricultor.
Biodiversidad y Áreas Protegidas
La instancia legislativa, además, analizó los procesos de consulta ciudadana por sitios priorizados en el marco de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP).
Para ello, escuchó al subsecretario de Medio ambiente, Maximiliano Proaño. Explicó que los sitios prioritarios son ecosistemas de alto valor ambiental, hábitats de especies amenazadas o funciones clave para el equilibrio ecológico. “No son áreas protegidas. Son áreas donde focalizar y orientar los esfuerzos del Estado mediante certificaciones y pagos por servicios ecosistémico”, remarcó.
Mencionó que, luego de 13 años, el 6 de septiembre del 2023, se promulgó la citada Ley 21.600, donde se logra saldar una deuda con el cuidado de la naturaleza.
Según resaltó, este marco normativo señala que los procedimiento y criterios de selección para los Sitios Prioritarios quedan a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Su función será estructurar y ejecutar el proceso dentro del plazo legal, de acuerdo con los principios de fundamentación, participación y no regresión ambiental.