Actualmente, en Chile, no existe una norma específica que sancione la suplantación e imitaciones digitales mediante inteligencia artificial (IA). Si bien el derecho a la imagen está reconocido de forma implícita en el Código Civil y la Ley 19.628, la generación de contenido con esta tecnología presenta desafíos que superan los marcos tradicionales de privacidad, propiedad intelectual o protección del honor.
Para abordar dicho vacío, un grupo liderado por la diputada Gael Yeomans presentó un proyecto de ley (boletín 17795) que comenzó a analizarse en la Comisión de Ciencias. Su objetivo es regular la creación y difusión de imitaciones digitales realistas producidas por IA. La iniciativa tiene por objetivo proteger la identidad e integridad de las personas frente al uso no consentido de estas tecnologías.
Gael Yeomans explicó que la imagen, cuerpo y voz son expresiones de la identidad personal y deben contar con protección jurídica ante su reproducción tecnológica no autorizada. Comentó que la propuesta regula los denominados deepfakes. Estos son contenidos audiovisuales creados mediante inteligencia artificial que imitan de forma verosímil a una persona, diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió.
Planteó que estas imitaciones digitales pueden vulnerar la honra, la dignidad y la privacidad. Además, resaltó que tiene impactos económicos y políticos. Por ejemplo, destacó que los deepfakes pueden utilizarse para fraudes comerciales, manipulación de campañas o incluso para fines pornográficos, situación que ya ha afectado a personas en Chile.
Otras regulaciones para las imitaciones digitales
El proyecto también contempla la protección post mortem de la imagen y voz de una persona, hasta 50 años después de su fallecimiento. La idea es permitir que los herederos o representantes legales otorguen el consentimiento correspondiente.
Asimismo, establece obligaciones para las plataformas digitales. Estas deberán retirar el contenido no autorizado en un plazo máximo de 72 horas, tras la notificación del afectado. La omisión será considerada infracción grave y sancionada administrativamente.
En caso de vulneraciones, el tribunal podrá ordenar medidas cautelares para retirar o bloquear el material mientras se resuelve el fondo del litigio.
Durante la sesión, las diputadas Erika Olivera y Marcela Riquelme, junto al diputado Hernán Palma consultaron sobre los mecanismos de fiscalización y la aplicación de multas.
Ante ello, la autora precisó que la competencia recaerá en los juzgados civiles. Comentó que la idea es que se establezca una coordinación con la Agencia de Protección de Datos Personales para fortalecer la supervisión y las sanciones.