El 1 de abril de este año comenzó a operar el Ministerio de Seguridad Pública bajo la dirección de Luis Cordero, quien, hoy, se hizo presente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara para relatar el estado de instalación de la cartera y, en particular, exponer la Política Nacional de Seguridad Pública.
Dicha política permite determinar las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos.
Al respecto, el ministro comentó los principales hitos en este proceso. Estos pasaron por constituir los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, los que serán instancias de coordinación y colaboración del Sistema de Seguridad Pública y asesorarán al Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, materializada vía decreto en este mes.
Comentó que los principios rectores de la política son: legalidad y seguridad como derecho humano, con perspectiva sistémica, ciudadana y de género; con transparencia, probidad y rendición de cuentas; y seguridad con protección especial a la niñez, adolescencia y personas mayores.
Diagnósticos y objetivos
El ministro informó que los diagnósticos presentes a la fecha dan cuenta de un aumento de la violencia delictual y niveles elevados y persistentes de temor al delito. También una reducción de niños, niñas y adolescentes infractores de ley, pero incremento en la proporción de delitos violentos cometidos por ellos y en los que son víctimas de delitos.
Otros análisis indican persistencia de la violencia y delitos en contra de las mujeres y desorganización social. Y, respeto del crimen organizado, se aprecia un aumento de población carcelaria, cambios en los perfiles criminógenos y violencia en las cárceles.
En este marco, dijo que el objetivo central de la cartera es reducir los delitos violentos y el temor de la ciudadanía. Para ello se establecen lineamientos al Sistema de Seguridad Pública, orientados a fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia.
Estrategias y ámbitos de acción
Como líneas de acción estratégica señaló las siguientes:
- Diseñar e implementar un sistema integrado de gestión de información del Sistema de Seguridad Pública.
- Diseñar e implementar un sistema de planificación, gestión y evaluación continua.
- Fortalecer a las policías para garantizar probidad, eficacia y el buen ejercicio de sus funciones.
- Fortalecer las labores de inteligencia económica del Estado mediante el diseño de una nueva institucionalidad.
- Establecer un sistema de gobernanza, registro de acceso y auditoría sobre el uso de información patrimonial, tributaria o financiera.
- Diseñar e implementar el Sistema Nacional de Protección Ciudadana.
- Reforzar los estándares de probidad y transparencia y los procesos transversales de prevención de la corrupción.
- Potenciar las capacidades técnicas, organizacionales e institucionales de las entidades públicas y privadas que integran el Sistema.
Finalmente, comunicó que seis son los ámbitos de acción: Prevención en niñez, adolescencia y juventud; prevención territorial; control del delito; persecución penal; sanción, cárceles y reinserción social; y atención y protección a víctimas.
Otros temas abordados por Seguridad Ciudadana
En otro orden, la comisión continuó con su labor legislativa revisando tres iniciativas de ley. Una de ellas busca sancionar el microtráfico con mayores penas cuando se trate de determinadas sustancias como el fentanilo, que presenta características especiales.
El texto se encuentra en segundo trámite y se despachó a la Sala prácticamente en los mismos términos que el Senado. La salvedad estuvo en una modificación a un artículo transitorio. Este describía un listado de sustancias que entraría en esta categoría, punto que impugnó el Ejecutivo y el diputado Andrés Longton. Según explicaron, la Ley 20.000, de drogas, dispone normas generales y no listados de drogas o sustancias, las cuales quedan descritas vía decreto. La razón es el dinamismo que presentan están materias, que requieren una actualización permanente.
También se avanzó en el proyecto que establece un sistema de inteligencia económica (boletín 15975). En este marco se discutió una propuesta presentada por la diputada Yovana Ahumada, para controlar las remesas que salen al extranjero que puedan ser objeto de operaciones sospechosas. Luego, de un amplio debate, se aprobó una indicación sobre el punto, planteada por el diputado Jorge Alessandri.
“Tenemos el problema de las empresas de transferencia de dinero para la gente que no está formalizada. La UAF (Unidad de Análisis Financiero) y Hacienda han detectado que salen millones de dólares en cantidades pequeñas. Entonces, aprobamos una indicación para que estas empresas de transferencia de dinero, que hay varias, en distintas regiones, tengan que tener el registro por diez años y tengan que exigir, además, cédula de identidad chilena o pasaporte con una visa vigente. Significa eso que, si se es turista, tienes 90 días de visa. Si eres irregular, no puedes transferir dinero”, detalló.
Según observó, esta norma busca ser un cerco al dinero ilegal relacionado al narcotráfico o a otros negocios ilícitos.
Finalmente, el diputado Andrés Longton explicó los alcances de un proyecto de su autoría que concede acción penal pública para la persecución de delitos contra la propiedad industrial. La propuesta (boletín 17915) también establece una agravante especial respecto de aquellos que comprometan la salud pública.