La Sala aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley 21.349 que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de uso de fertilizantes y bioestimulantes. Su objetivo es rebajar el monto de las multas y establecer criterios para su graduación (boletín 17786).
La iniciativa, de autoría del diputado Harry Jurgensen, busca que el monto de la multa se determine considerando la gravedad de la infracción, el valor de los productos, el daño causado y la capacidad económica del infractor, en un intento por lograr sanciones más proporcionales y evitar el perjuicio a pequeños productores.
Para ello, la propuesta establece que se sancionará con multa de 10 a 500 UTM la omisión de alguna de las obligaciones establecidas en la Ley 21.349, referente a la inscripción del uso de fertilizantes y bioestimulantes en un Registro Único Nacional.
De igual forma, sancionará con multa de 10 a 1.000 UTM, comercializar o poner a disposición de los usuarios o intermediarios fertilizantes y bioestimulantes que no cumplan con los requisitos establecidos en la mencionada ley, en el reglamento y en las disposiciones complementarias del Servicio.
La multa será a beneficio fiscal y su monto se determinará considerando la cuantía o valor de los productos comprometidos en la infracción, así como la gravedad de los daños causados.
Debate por uso de fertilizantes y bioestimulantes
Rindió el informe en la Sala el diputado Harry Jurgensen. Intervino en el debate el diputado Daniel Lilayu, quien señaló que hoy existen graves problemas que enfrentan los gremios importadores y productores de insumos agrícolas como los fitosanitarios, fertilizantes y bioestimulantes.
Mencionó que la sanción económica, actualmente vigente, puede llegar a representar hasta un 20 % del valor anual de las ventas de las empresas, lo que en el caso de las pymes, se traduce en la posibilidad de quebrar o cerrar sus operaciones. Ello distorsiona el mercado y concentra la actividad en manos de unos pocos, atentando directamente contra las reglas de libre competencia.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, indicó que este proyecto es muy importante para los agricultores de menor escala, pues estos incurren en muchos costos para la compra de insumos, debiendo enfrentar multas muy altas para asegurar la sanidad fitosanitaria.
Convenio marítimo
En otro tema, la Cámara ratificó, por 132 votos a favor y 6 abstenciones, el proyecto (boletín 17726) aprobatorio de las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptadas por la asamblea de dicho organismo, el 8 de diciembre de 2021.
La OMI es la entidad especializada de las Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional y de la prevención de la contaminación por los buques. También aborda asuntos jurídicos, tales como la responsabilidad civil e indemnizaciones y la facilitación del tráfico marítimo internacional.
En general, las enmiendas amplían el mandato de los miembros del consejo de la OMI a dos periodos de sesiones consecutivos de la asamblea; incrementan el número de miembros del consejo a 52, elegidos por la asamblea; establecen criterios que la asamblea deberá observar en la elección de los miembros del consejo, junto con la asignación específica del número de Estados que integrarán cada una de las categorías previstas; aumentan el quórum necesario para el consejo; y proporcionan textos auténticos del Convenio constitutivo de la OMI en los seis idiomas oficiales de la organización.