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La comisión que revisa la acusación constitucional deducida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, se reunió en la sede Santiago para recibir a la defensa del juez y a la parte acusadora.
De esta manera, abrió la sesión el diputado acusador Daniel Manouchehri, quien detalló la trama de lo que denominó “vínculos peligrosos” en los que habría incurrido Antonio Ulloa. Al respecto, sostuvo que el magistrado participó activamente en causas que involucraban a sus cercanos. “Cenaba con ellos en las noches y fallaba a favor de los mismos en las mañanas”, acusó el legislador.
El parlamentario remarcó que, hoy, son investigados penalmente quienes se vinculaban con el abogado Luis Hermosilla. En este sentido, hizo mención a la relación estrecha que mantenía el juez Ulloa con él. Asimismo, el diputado recalcó que todo juez debe abstenerse cuando su imparcialidad puede verse obstruida.
El legislador socialista llamó a votar con convicción la acusación presentada, “para que las redes del abogado Hermosilla no entren en este Congreso”. De tal modo, sostuvo que no solo se juzga a un ministro, sino que “se pone a prueba la dignidad de la justicia chilena”.
Defensa del juez Antonio Ulloa
En representación del juez Antonio Ulloa, intervino su abogado Domingo Hernández, quien expuso los argumentos contenidos en la contestación a la acusación constitucional (Ver documento).
El abogado Hernández cuestionó que esta acusación se centre en publicaciones de prensa. Por el contrario, resaltó la última evaluación obtenida por el juez Ulloa, donde alcanzó la nota de 6.7 dentro del Poder Judicial. Además, citó sentencias que consideró emblemáticas y fallos destacados en los que participó el magistrado.
El jurista enfatizó que la Corte Suprema ya resolvió desestimar la remoción del juez Ulloa por este mismo asunto. Por ello, consideró que es “una injusticia el querer juzgarlo dos veces”. Al respecto, en la contestación, el magistrado plantea como punto principal invocar este hecho como “cuestión previa”.
En específico, señala que: “Hasta la fecha de redactar este escrito, la sentencia escrita, con los argumentos esgrimidos por los defensores de cada una de las posiciones, no ha sido notificada, lo que impide razonar acerca de la plausibilidad de los respectivos argumentos”.
Cabe recordar que el máximo tribunal, el pasado 30 de septiembre, resolvió sobre el cuaderno de remoción abierto en contra de Ulloa. Por 7 votos a favor y 7 en contra, la Corte Suprema desestimó la remoción al no reunirse la mayoría absoluta de 11 miembros requeridos para aprobar la sanción.
En esta línea, en el escrito se expone, como reparo constitucional, que la acusación sería improcedente porque “implica el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte del Congreso Nacional”. Esto, agrega, vulnera la Constitución, porque el Congreso no puede “revisar los fundamentos o contenidos de sentencias”.
Hernández finalizó su intervención asegurando que, de aprobarse esta acusación, el Poder Judicial se vería afectado por no contar con un juez probo, íntegro, responsable, con una conducta que calificó como intachable.
Invitados vinculados al Poder Judicial
En la sesión también participó como invitado el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Consideró que en la acusación no se percibe la calidad de notable abandono de deberes por parte del juez Ulloa.
A su parecer, solo se habla de infracciones a leyes no esenciales y no de incumplimientos constitucionales. Además, estimó que la sanción aplicada al interior del Poder Judicial, de suspensión de dos meses en su cargo, sería un castigo más proporcionado para las faltas establecidas.
Añadió que las acusaciones contra el juez Ulloa no son robustas y solo estarían basadas en informes periodísticos y transcripciones de conversaciones privadas coloquiales.
Consultado por sus vínculos o relaciones con el cuestionado magistrado, Lamberto Cisternas afirmó conocer al acusado y a personas cercanas a su círculo por su historia jurídica en común.
Igualmente, expuso el presidente nacional de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo. El funcionario criticó la votación en la que no se condenó al juez Ulloa por parte de la Corte Suprema, por la falta de concurrencia de ministros a la instancia resolutiva.
Dijo que, como trabajadores públicos, las acciones del juez Ulloa los perjudican por la mala imagen que se puede proyectar hacia la ciudadanía. Profundizó en las diferencias que existen dentro de los funcionarios judiciales, lo que merma la confianza en los procesos sumarios que se realizan.
Acevedo lamentó que los nombramientos de autoridades dentro del Poder Judicial respondan a “amiguismos” y vínculos personales previos. Al respecto, señaló una serie de acciones judiciales presentadas por la Asociación de Funcionarios en contra del juez Ulloa por tráfico de influencias. Asimismo, aseguró que el juez Ulloa actúo como un lobista profesional en el sistema de nombramientos.
Acusación constitucional
La acusación constitucional imputa al magistrado vulnerar “de forma grave y reiterada el deber de reserva y confidencialidad que le impone la Constitución, la ley y los códigos de ética judicial”.
Asimismo, el texto estima que Ulloa intervino indebidamente en el nombramiento de integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, solicitando ayuda en los nombramientos al abogado Luis Hermosilla. (Revisar texto de la acusación)
La instancia acusadora se reunirá nuevamente el día lunes 27 de octubre para recibir invitados y espera votar su recomendación, sobre si es o no admisible el libelo, en una sesión convocada para el martes 28. De esta forma, la Sala de la Cámara podría reunirse el día miércoles 29 para resolver la admisibilidad de la acusación constitucional.