La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara recibió en su última sesión el IV Informe anual del Comité de Prevención contra la Tortura que incorpora la revisión de espacios donde existen personas bajo el cuidado del Estado.
Como contexto, la presidenta del comité, Karen Espínola, indicó que la institución tiene como función examinar periódicamente todos los espacios donde haya personas bajo el cuidado estatal y no solo centros penitenciarios. Así, esto incluye centros de atención de adultos mayores, de NNA, de justicia juvenil, comisarías o centros de atención en salud mental, entre otros.
Precisamente los problemas de salud mental fueron la principal preocupación de las y los legisladores. Por ejemplo, los diputados Tomás Lagomarsino y Hernán Palma relataron problemas frecuentes de falta de atención a tiempo y adecuada para personas con necesidades de atención siquiátrica y la ausencia de redes de apoyo permanente para su cuidado.
Al respecto, desde el comité recalcaron que la labor no es solo hacer una constatación de denuncias sino colaborar con las instituciones para recomendaciones de mejora. Por esto, están trabajando con autoridades y establecimientos de salud para dar recomendaciones para el Plan nacional de salud mental y humanizar las cifras del trabajo que realizan.
Principales hallazgos
En el periodo contenido en el presente informe, que abarca desde agosto 2023 a diciembre 2024, el comité visitó un total de 107 centros.
Espínola relevó que, respecto a la situación de niñas, niños y adolescentes internados en residencias de protección o centros de justicia juvenil se evidencian estadías prolongadas, lo cual contraviene su carácter excepcional y transitorio.
Esto trae como consecuencia problemas de convivencia, salud mental y escasa preparación para la vida independiente de los NNA. Adicionalmente, en el caso de los centros de justicia juvenil, hay problemas con las medidas disciplinarias que ejerce Gendarmería, para lo cual el comité ha coordinado apoyo en capacitaciones para el personal.
En el caso de los centros de atención de personas mayores, se evidenció la existencia de rutinas rígidas y escaso contacto de estas con sus familias. Sobre el personal a cargo, Espínola añadió que, aunque se constató en general un trato respetuoso, este se vuelve a veces infantilizante.
Recintos penitenciarios
Sobre las personas privadas de libertad, el informe consigna que en septiembre de 2024 existían 329 personas privadas de libertad bajo un régimen de 22 horas de encierro al día.
En materia de trato a los reclusos se constataron deficiencias en el acceso a atención de salud, altas restricciones de contacto con el exterior y la aplicación de sanciones sin suficiente supervisión judicial.
Del mismo modo, en forma complementaria, se visitó la Escuela de formación penitenciaria, donde se evidencia que persiste en la preparación de los oficiales una cultura de castigo. Esto se traduce en sanciones a los estudiantes como privación de franquía (prohibición de salir del establecimiento en tiempos libres) o denuncias de maltrato y abuso. Todo esto, afirmó la presidenta del comité, es preocupante porque puede llevar, posteriormente, a reproducir esta cultura de castigo en los espacios de cuidado.
Fronteras
Entre otros lugares, el informe del Comité de Prevención contra la Tortura también incluyó visitas a lugares dispuestos para la contención de migrantes en la zona norte del país. Al respecto, Karen Espínola dijo que si bien estos no están pensados como centros de privación de libertad, en la práctica funcionan como tales.
Precisó que la preocupación del Comité en este ámbito es el respeto de las garantías de NNA que ingresan solos, pero también de aquellos acompañados que no necesariamente cuentan con acreditaciones formales de sus adultos responsables. Y agregó que se evidencian alertas graves de posibles abusos y trata de personas en las fronteras.