La Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó a su discusión en la Sala de la Corporación el proyecto que busca modificar la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir beneficios fiscales a inmigrantes irregulares (boletín 17474).
La moción, de autoría del diputado Juan Fuenzalida, propone que la inscripción de extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Además, señala que se debe priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a extranjeros en condición migratoria irregular. Esto, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo de “De los principios fundamentales de protección” de la ley de Migración.
En general, la norma que deberá ser debatida en la Sala, indica que la postulación y acceso a extranjeros a beneficios de cargo fiscal requerirá contar con cédula de identidad vigente. Asimismo, en los casos de beneficios relativos al otorgamiento de aportes económicos directos como subsidios habitacionales o de arriendo requerirán, además, la residencia definitiva.
El texto, adicionalmente, prohíbe la entrega de un número identificatorio de carácter temporal o permanente a extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados.
Fundamentos del proyecto
En sus fundamentos, el proyecto recuerda que el último informe sobre migración en Chile, entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones, reveló un crecimiento de más del 3.000% de la población irregular, entre 2018 y 2023, alcanzando las 336.984 personas.
Añade que el impacto de esta migración irregular en temas de seguridad, por ejemplo, obedece a que se desconocen los antecedentes de quienes ingresan por esta vía, ya que solo se dispone de información individual de cada extranjero cuando estos efectúan una autodenuncia para someterse al control biométrico.
La moción critica que, actualmente, la calidad de migrante irregular no es impedimento para obtener diferentes beneficios estatales. De este modo, agrega, basta con inscribirse en un consultorio o Cesfam para acceder a las prestaciones y formar parte de Fonasa.
Similar situación se detecta en materia educacional donde no se requiere RUT, ya que la postulación al Sistema de Admisión Escolar se efectúa a través del denominado “Identificador Provisorio Educacional”.
Finalmente, señala como excepciones el no acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) o al Subsidio para Adquirir una Vivienda. En el primer caso, por un tema de plazos y, en el segundo, porque se requiere Residencia Definitiva.