La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara se encuentra analizando un proyecto de ley que establece medidas para la protección de los cielos en áreas con valor científico y de investigación astronómica (boletín 17754). La idea es resguardar las condiciones óptimas de observación en el norte de Chile, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos.
El proyecto contempla una serie de restricciones y definiciones claves, como la delimitación de áreas astronómicas y la creación de zonas de exclusión especial. También incluye la prohibición de actividades con fines bélicos y garantiza tiempo de observación para científicos chilenos en instalaciones astronómicas nacionales.
Entre los aspectos más destacados, la propuesta establece que no se podrán instalar industrias o actividades que perjudiquen la calidad astronómica del cielo nocturno en un radio menor a 70 kilómetros, medidos desde los observatorios ubicados en los cerros Paranal y Armazones, en la comuna de Taltal, región de Atacama.
Premio Nobel e investigación astronómica
Durante la sesión, expuso el Dr. Reinhard Genzel, Premio Nobel de Física 2020, quien valoró la excepcional calidad de los cielos del norte de Chile para la astronomía.
Genzel destacó el rol fundamental de la cooperación chilena en los avances científicos de las últimas décadas y subrayó la importancia de los observatorios Paranal y Cerro Armazones. Según resaltó, ambos se ubican estratégicamente emplazados en condiciones climáticas ideales.
Además, advirtió sobre el conflicto que representa el proyecto INNA —una iniciativa para la generación de hidrógeno y amoníaco verde, impulsada por AES Andes— debido a su cercanía con zonas de observación astronómica. El astrofísico alemán llamó a resolver esta situación que, a su juicio, pone en riesgo el desarrollo científico internacional.
Por parte de la empresa, intervino el vicepresidente de Hidrógeno Verde de AES Chile, Luis Sarrás. Aseguró que el proyecto INNA considera la protección de los cielos nocturnos dentro de su proceso de evaluación ambiental. Afirmó, además, que la actual legislación contempla mecanismos suficientes para resguardar estos entornos, por lo que, desde su perspectiva, no sería necesario un nuevo marco legal.
Sarrás también relevó los beneficios ambientales del proyecto, que permitiría evitar la emisión de más de 1,5 millones de toneladas de CO₂ anualmente. Esto equivale a sacar de circulación a 350.000 vehículos. Sin embargo, advirtió que un eventual rechazo a la iniciativa podría frenar oportunidades relevantes para el desarrollo energético, tecnológico y económico del país.