Debido a la existencia de amenazas en contra del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, así como el intento de ingreso de un funcionario judicial con un arma al Palacio de Tribunales, la Comisión de Constitución citó a las autoridades de justicia y gendarmería para abordar las medidas de seguridad en tribunales.
Desde la dirección nacional de Gendarmería, su director, coronel Rubén Pérez, informó cuáles son los protocolos y responsabilidades que tiene la institución en el resguardo de los recintos de tribunales.
Asimismo, reseñó cómo se cumplió con los procedimientos establecidos y la debida coordinación con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. Esto tanto en el caso del ingreso no autorizado de un arma, el pasado 30 de septiembre, como frente a las amenazas que habría recibido el titular del máximo tribunal.
Además, recordó que Gendarmería tiene la obligación de resguardo interno y control de acceso a los recintos de tribunales, así como de las dependencias del Ministerio de Justicia. Pero, acotó que la seguridad personal de las autoridades corresponde a personal de Carabineros.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, destacó que se hizo todo lo que corresponde y que la institución está adoptando siempre medidas para garantizar la seguridad de los tribunales.
Sobre el tema de las amenazas, informó a la instancia que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó en el marco de un pleno reservado del máximo tribunal las medidas para reforzar la seguridad. Añadió que estas, por su naturaleza, son de carácter confidencial.
Reforzar atribuciones
El diputado Luis Sánchez sostuvo que las situaciones analizadas son muy graves. Por ello, lamentó no poder conocer la opinión del presidente de la Corte Suprema. Asimismo, el legislador consultó sobre el rol que cumple el ministro de la Suprema, Manuel Valderrama, encargado de las materias de seguridad en tribunales.
Sánchez, seguidamente, cuestionó por qué no se detuvo al funcionario involucrado en el intento de ingreso armado. Sin embargo, sobre este punto, el diputado Raúl Leiva recordó que solo las policías tienen la facultad de detención por flagrancia y que Gendarmería cumplió de inmediato con su obligación de denuncia comunicando el hecho a la Fiscalía.
Adicionalmente, Leiva remarcó que la Cámara no tiene atribuciones de fiscalización del poder judicial y que es una base esencial del sistema democrático y el estado de derecho la independencia de los poderes.
Juzgados del Trabajo
En otra materia, la Comisión aprobó, en general, por la unanimidad de siete votos a favor, el proyecto que fortalece los juzgados de letras del Trabajo y crea uno nuevo en Santiago (boletín 17880).
El texto presentado por el Ejecutivo, plantea la necesidad de reforzar la judicatura debido a la congestión de causas lo que no permite la correcta administración de la justicia laboral.
La comisión fijó plazo para presentar indicaciones e iniciar la votación de sus artículos tras el receso distrital del presente mes de octubre.