La Comisión de Familia continúa trabajando en posibles modificaciones legales y normativas para mejorar los mecanismos de cuidado y protección de la niñez. En sesiones anteriores, la instancia recibió diversas exposiciones sobre el funcionamiento del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Durante la última jornada, la labor se centró en analizar esas propuestas, con miras a fortalecer el sistema y garantizar un resguardo efectivo de los derechos de la infancia.
El informe en elaboración contempla posibles modificaciones legales y la creación de nuevas normativas que abordan la actual crisis del sistema. Para tal efecto, los integrantes de la comisión acordaron avanzar en una propuesta concreta y consensuada. La idea es evacuar un texto que priorice el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Crisis en programas de atención a la niñez
Durante la sesión, expuso la presidenta de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), Victoria Escalante. La personera relevó el rol de la entidad, que representa al operador de justicia más grande del país, encargado de causas laborales, de familia y otras materias vinculadas a derechos fundamentales.
Escalante abordó los problemas estructurales que enfrenta el sistema. Al respecto, detalló la sobrecarga en los centros de atención y las brechas salariales que afectan a los funcionarios.
La dirigenta informó que el Programa de Niñez y Adolescencia atraviesa una situación crítica, con más de 900 causas activas y escaso personal disponible. Explicó que el modelo de atención está basado en una triada profesional; abogados, trabajadoras sociales y psicólogas. Sin embargo, actualmente, solo se logra cubrir con duplas, sin apoyo administrativo ni soporte técnico suficiente.
También destacó la precariedad en la atención a personas mayores. Informó que solo 32 profesionales atienden a nivel nacional, en equipos reducidos y sin respaldo institucional.
Desde Fenadaj, se planteó que la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas representa una oportunidad relevante para unificar programas. Ello ayudaría aumentar recursos y abordar los problemas estructurales que afectan la cobertura y calidad del servicio.
Escalante agregó que un desafío clave es avanzar en la resolución de las jornadas parciales, que limitan el funcionamiento de los equipos profesionales. A esto se suma modificar un presupuesto hoy centrado en la continuidad, que no responde al aumento sostenido en la demanda de atención jurídica.