La Comisión de Constitución retomó la discusión del proyecto de ley que crea un registro de condenados por el delito de maltrato animal y disponer la incautación de los animales afectados (boletín 16.309).
El proyecto modifica la ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, para crear el citado registro. La iniciativa es una moción de la diputada Carolina Marzán, a la cual el gobierno adhirió mediante indicaciones, presentadas en el mes de abril pasado, ya que el texto propone la creación de nuevas funciones que son facultad exclusiva del gobierno.
En la sesión, la ministra de la Secretaría general de la Presidencia, Macarena Lobos, explicó brevemente estas indicaciones y el costo fiscal del proyecto. Este considera un gasto inicial de 149 millones aproximados para la creación del registro digital y un gasto en régimen de 19 millones para su mantención.
Indicaciones
El gobierno precisó en las indicaciones, por ejemplo, que este registro no será de carácter público. Sólo podrán acceder a su información personas inscritas en registros como el de Criadores y Vendedores de Mascotas, Animales de Compañía o de Animales Potencialmente Peligrosos de la Especie Canina, etc.
El proyecto también modifica el Código Penal para agregar como agravantes del delito de maltrato animal, el cometer el hecho en contra de una hembra preñada o recién parida, hasta el destete total de la cría o crías. Además, que el maltrato lo cometa el propietario del animal o quien lo tenga a su cuidado. Así también, cometer el hecho en un evento público o difundirlo a través de, por ejemplo, redes sociales.
Asimismo, faculta al Ministerio Público a celebrar convenios con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones o corporaciones que se dediquen al rescate, reubicación, asistencia veterinaria o adopción de animales, para que estos últimos resguarden y mantengan al animal afectado, en calidad de tenedores con tal de evitar la continuidad del maltrato.
Seguimiento y antecedentes sobre el registro
En la sesión también intervinieron Mayra Cabezas, del área legislativa de la Fundación Derecho y Defensa Animal, y Camila Ahumada, de la Comisión de Incidencia Fundación Abogados por los Animales, quienes coincidieron en el apoyo al proyecto. Ambas destacaron que hoy no existe manera de que criadores o cuidadores puedan saber, previamente, si una persona que desea comprar o adoptar un animal es o no un maltratador condenado.
Al respecto, en la discusión previa, diputados plantearon consultas sobre cómo este proyecto aborda el tema de jerarquía entre delitos y proporcionalidad en las penas. Al respecto, el diputado Luis Sánchez planteó solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe comparado que aborde la proporcionalidad en el sistema penal y la existencia de registros de condenados por distintos tipos de maltrato e inhabilidades existentes.
Además, se consultó por el costo fiscal y el carácter público o no del registro. En ese punto, la ministra Lobos precisó que el registro tendrá restricciones de acceso y que es similar a otras bases como el de deudores de pensiones de alimentos o de condenados por delitos de connotación sexual contra menores.
La instancia acordó recibir una propuesta de invitados y plazo para indicaciones, antes de fijar fecha para su discusión y votación.