Por la unanimidad de 132 votos a favor, la Sala aprobó, en general y en particular, el proyecto (boletín 17387) que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país. Asimismo, dispone la cancelación de la inscripción definitiva y placa patente en caso de pérdida total.
El texto busca fortalecer la trazabilidad y seguridad del Registro de Vehículos Motorizados. Esto, a partir de obligaciones de información de los importadores, propietarios y aseguradoras al Servicio de Registro Civil e Identificación.
De tal manera, la norma dispone que, tras la importación de vehículos motorizados, tanto las personas naturales como jurídicas deberán informar al Registro Civil los datos respectivos. Para esto se dispone de un plazo que no podrá ser superior a 15 días, desde el ingreso al país.
Dicho servicio incorporará esta información en el Registro de Vehículos Motorizados como anotación previa, asociada al importador, hasta que se efectúe la primera inscripción a nombre del adquirente final.
En segundo término, el proyecto regula los plazos de cancelación del registro en casos de pérdida total. Así, en caso de la destrucción completa de un vehículo por un hecho fortuito, su desarmaduría total o un accidente que lo haga irreparable e inutilizable, el propietario o la compañía aseguradora deberán informar sobre el hecho al Registro Civil en un plazo de 20 días hábiles.
Una vez recibida esta información se cancelará la inscripción del vehículo, se retirarán las patentes y se registrarán como canceladas. Adicionalmente, el propietario o el seguro devolverán las placas en un plazo máximo de 10 días tras la cancelación del registro.
Debate
La autora del proyecto, diputada Gloria Naveillan, entregó a la Sala el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Intervinieron en el debate Andrés Celis, Luis Malla, Stephan Schubert, Gloria Naveillan, Hotuiti Teao, Sebastián Videla, María Luisa Cordero, Andrés Longton y Jaime Araya.
Diputados de la zona norte respaldaron el proyecto. Al respecto, denunciaron que es un hecho conocido que los vehículos robados se trasladan a Bolivia. Además, que estos robos están ligados al crimen organizado y al tráfico de drogas.
Por ello, criticaron que desde el vecino país se planteen propuestas para legalizar los autos que ingresaron ilegalmente a su país. Esto, argumentan, es una legalización del robo y nuestro país debe asumir con más compromiso el control en la frontera.
Por su parte, los autores de la moción que originó este proyecto recalcaron que va en coordinación con lo expuesto por el Ministerio Público por el aumento de este delito en los últimos años. El diputado Longton, en particular, señaló que, mientras en el año 2021 se registraron 30 mil robos, en 2024 estos aumentaron a 40 mil casos. Además, señaló, el 43% los realizan menores de edad.
En tal plano, enfatizaron que el objetivo es dificultar el negocio a los delincuentes y destruir el mercado secundario de portonazos, chipeo o clonación de patentes.
Desde la bancada republicana, el diputado Stephan Schubert anunció su abstención. Explicó que, aunque apoyan que se persiga el robo de vehículos, a su juicio este proyecto suena bien pero no es apropiado ni suficiente.
En particular, afirmó que esta materia ya está regulada en la Ley 21.601. Además, estimó que es inconstitucional. Planteó que podría irrogar gastos, al tiempo que aborda materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. También criticó que la propuesta no define quién determinará el carácter “inutilizable” de un vehículo.