La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó -por 112 votos a favor y 14 abstenciones- la resolución 1500, que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores a condenar las violaciones a los Derechos Humanos y exigir la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua.
La solicitud, presentada por el diputado Cristián Araya, recuerda que, en 2018, la ciudadanía nicaragüense se movilizó pacíficamente en rechazo a una reforma al seguro social impuesta por el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, la respuesta del Estado fue una violenta represión que desencadenó una prolongada crisis de derechos humanos en Nicaragua.
El texto recuerda que un informe del Grupo de Expertos de la ONU señala a 54 altos funcionarios del régimen de Ortega involucrados en crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El documento denuncia detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, privación de nacionalidad, así como restricción a las libertades de expresión, prensa, asociación y religión.
La resolución también pide que, junto con condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega, se promueva una respuesta regional para atender la crisis de apátridas de facto generada por el régimen nicaragüense e instar a los Estados latinoamericanos a adoptar mecanismos de protección y regularización.
Dirigentes sociales
La Sala, asimismo, respaldó la solicitud 1502, que propone establecer permisos laborales específicos para dirigentes sociales.
El documento solicita al Poder Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que permita a estos representantes participar activamente en actividades comunitarias, sin que ello afecte sus obligaciones laborales y remuneraciones.
En tal contexto, se destaca que los dirigentes sociales son actores clave en la representación de las demandas ciudadanas, además de ser fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la elaboración de políticas públicas. No obstante, pese a la relevancia de su rol, actualmente, no existe una normativa que regule su situación laboral cuando ejercen cargos de representación en organizaciones sociales.
Por ello, se considera urgente avanzar en una legislación que otorgue permisos laborales específicos.
La solicitud fue respaldada por diversas diputadas y diputados, encabezados por la diputada Carolina Tello, junto a Jaime Araya, Marta González, Diego Ibáñez y Jaime Mulet.