Con nuevas audiencias, la Comisión de Recursos Hídricos continuo con el análisis del proyecto (boletín 17329) que regula la reutilización de aguas residuales tratadas y provenientes de emisarios submarinos.
El primero en exponer sobre esta materia fue el asesor parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional, Eduardo Baeza. En su presentación señaló principios, aplicaciones y marcos regulatorios comparados sobre la reutilización de estas aguas.
En dicha línea, definió el reúso como el proceso de convertir aguas residuales en un recurso apto para fines como riego agrícola, procesos industriales y recarga de acuíferos. También se podría habilitarla, tras un tratamiento avanzado, para algún tipo de consumo humano.
Destacó que esta práctica constituye una fuente alternativa clave ante la escasez hídrica. Esto, considerando que puede contribuir a reducir la contaminación, disminuir la presión sobre fuentes convencionales y fomentar la economía circular del agua.
En el plano normativo, señaló que, en Chile, solo se regula el uso de aguas grises (Ley 21.075), que representan menos del 30% del potencial disponible. Sin embargo, alertó que en otros países esto está muchísimo más avanzado. En España, por ejemplo, existe un sistema de concesiones administrativas de aguas residuales. En Israel, en tanto, hay una gestión centralizada y alto nivel de reutilización (86%), mientras que en California (EE.UU.) se permite, incluso, el reúso potable directo.
Entre los retos pendientes, el asesor mencionó la necesidad de definir la propiedad de las aguas tratadas y establecer estándares de calidad según el uso final. De igual modo, llamó a fortalecer marcos regulatorios, promover la cooperación internacional para replicar experiencias y asegurar un monitoreo riguroso del tratamiento de las aguas.
Dirección General de Aguas
En segundo lugar, expuso en la comisión el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza. Recordó que la propuesta se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6 de la Agenda 2030. Esta busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua, así como el saneamiento para todos.
En cuanto a la realidad del país, detalló que la cobertura de tratamiento de aguas servidas urbanas alcanzó, en 2024, el 99,98%. De ese total, un 74% se descargó en aguas superficiales continentales: un 21% en el mar y un 5% se destinó a reúso directo. Este último corresponde a 58 millones de metros cúbicos. De estos, un 60% se utilizó en agricultura; un 25,7% en uso interno de las empresas sanitarias; y un 2% en minería.
Frente a tal escenario, destacó que el reúso de aguas tratadas permite incrementar la disponibilidad hídrica y reducir la carga de contaminantes hacia los cuerpos naturales de agua. Empero, enfatizó que el proceso cuenta con una serie de desafíos. Entre ellos, mencionó la definición de la propiedad de las aguas efluentes de las plantas de tratamiento.
Del mismo modo, se requiere la determinación de quién asume el costo de su regeneración y la creación de normas de calidad específicas. Todo esto, junto con la necesaria identificación del órgano competente para regular, fiscalizar y sancionar.
En dicha línea, planteó la necesidad de analizar experiencias internacionales, dialogar con actores locales y cerrar vacíos normativos para contar con una legislación completa y clara.
Tras las exposiciones, las y los diputados se manifestaron a favor de avanzar en una normativa que permita mejorar la gestión de las aguas. Sobre todo, en aquellas zonas que se encuentran en zonas de escasez hídrica. Para esto, acordaron recibir las últimas audiencias sobre la materia en la próxima sesión y, posteriormente, votar en general la iniciativa.