La Comisión de Agricultura comenzó el análisis de un proyecto, iniciado en moción (boletín 17653), que establece un sistema de perfeccionamiento y registro obligatorio de contratos para la transacción de granos.
El diputado Jorge Rathgeb, uno de sus autores, explicó que la iniciativa responde a una de las principales problemáticas del mundo agrícola: el bajo precio que se paga a los productores agrícolas del trigo (ver presentación).
Alertó que, en Chile, la superficie sembrada de trigo disminuyó en un 43%. Según planteó, se trata de un sistema que castiga a los productores nacionales y beneficia a los extranjeros.
Informó que el proyecto busca transparentar las condiciones de compraventa de granos entre un productor agrícola y un agroindustrial o intermediario. Además, se propone objetivar los precios basados en información conocida por todos, formalizar las relaciones contractuales y permitir mayor fiscalización del mercado.
“Se espera que, por lo menos, los agricultores reciban un precio cercano a los costos de producción”, enfatizó Rathgeb.
El diputado Felipe Camaño valoró el debate que se generó en torno a esta propuesta. Junto con esto, sostuvo que los agricultores sufren las pérdidas de lo que significa el sacrificio y esfuerzo que hay por cultivar la tierra, con insumos que son tremendamente caros. “El valor que les paga se puede mejorar en la medida que somos transparentes, como propone esta iniciativa, que es perfectible y se puede mejorar”, recalcó.
Contratos del mercado de granos
La propuesta pasa por establecer la obligatoriedad de inscribir los contratos en el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con entrega a plazo.
Por otra parte, fija criterios para la adquisición del producto y la suscripción de un formulario de movimiento de granos. Esto permitirá a los encargados de la fiscalización tener mayor información y, a su vez, reducir la llamada “venta en negro” de este tipo de productos.
En otro ámbito, busca el establecimiento de la publicación del costo alternativo de importación sumando otros elementos. El objetivo es que se pueda establecer por parte del agroindustrial o intermediario un precio acorde al mercado para el productor agrícola.
Los contratos serán de acceso público y conocidos por la Fiscalía Nacional Económica, que podrá hacer un seguimiento del mercado y de su composición.
Consorcio Agrícola del Sur
En la sesión participaron dirigentes del Consorcio Agrícola del Sur, encabezados por Gastón Caminondo, y de los gremios que lo conforman desde las regiones de Ñuble a Los Lagos. Expresaron su discrepancia con el proyecto porque no promueve el libre mercado ni la rentabilidad del rubro. A su vez, señalaron que afecta la autonomía de contratos entre privados y no considera la volatibilidad del mercado internacional. Para ellos, fijar el precio sería inviable.
Además, señalaron que la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) vienen trabajando con los agroindustriales, productores y servicios del Estado para establecer contratos voluntarios. Asimismo, se espera analizar las distintas variedades, calidad y transformación tecnológica en los granos.
Cabe recordar, que los representantes gremiales se encontraban invitados para manifestar sus principales demandas. Entre ellas, indicaron la falta de obras hídricas para riego y de seguridad en zonas rurales por robos de insumos y productos agrícolas. También, manifestaron su preocupación por el sobre avalúo de predios agrícolas y la disminución de la masa ganadera y producción lechera. Igualmente, reclamaron falta de normativa para productos modificados genéticamente, entre otras materias.
En la sesión, participaron Carlos González, de la Sociedad Agrícola de Ñuble; José Miguel Steigmaier, de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio); Rodrigo Mardones, de Agrollanquihue; Sebastián Naveillán, del Gremio de Agricultores de Malleco; Ricardo Montesinos, de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO); Marcela Espinoza, de la Federación gremial de Los Ríos; y un representante de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo).
La presidenta de la Comisión de Agricultura, Gloria Naveillan, dijo que se continuará escuchando a distintos gremios del país. La idea es ir abordando las principales modificaciones normativas que se necesitan para impulsar a dicha área productiva.