Un proyecto despachado al Ejecutivo para su fase de promulgación como ley; otras cuatro iniciativas derivadas al Senado; y otro texto destinado a una comisión mixta son parte de los resultados de la Sala de la Cámara de esta semana de junio.
El primer caso refiere a una modificación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (boletín 15073). Su objetivo es obligar a las concesionarias viales a adoptar medidas de seguridad. Se revisó en segundo trámite, el martes 10, donde se aprobó en los mismos términos que el proyecto originado en el Senado.
El texto obliga a definir en las bases de licitación las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia como, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas, de sistema lumínico y lectores de patentes, entre otras.
También se ordena al concesionario a que opere con sistemas electrónicos o manuales de cobro de tarifas o peajes. De tal modo, se facilitará el acceso al Ministerio Público a la información e imágenes obtenidas, en el contexto de la investigación de un delito.
Ingreso mínimo y veto
El lunes 9, la Sala aprobó parte de las modificaciones del Senado al proyecto (boletín 17508) de reajuste del monto del ingreso mínimo mensual (IMM). Sin embargo, no se aceptó la eliminación de un artículo permanente y de otro transitorio. Ambos decían relación con el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas (Ley 20.940).
En dichas normas se consideraban criterios de asignación de los recursos y la creación del observatorio de ingresos y costo de la vida de las y los trabajadores. Este se orientaba a evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares, su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar en sus grupos familiares.
Como consecuencia de lo anterior, dichas disposiciones deberán abordarse en una comisión mixta para subsanar las diferencias.
El miércoles 11, en tanto, la Cámara analizó el veto del Ejecutivo a tres normas del proyecto (boletín 17322) de simplificación regulatoria.
En la oportunidad, la Corporación aprobó dos de las tres observaciones relacionadas con autorizaciones de la Dirección General de Aguas (DGA). Empero, rechazó la relativa a humedales prioritarios. Pese a esto, al no alcanzar los votos necesarios para insistir en el texto previo respecto de dicha norma, se entiende que no hay acuerdo sobre esta materia y, por tanto, no habrá ley en dicho punto.
El veto pasó a consideración del Senado.
Otros temas despachados por la Sala
Durante la presente semana, la Sala aprobó y despachó al Senado otras tres iniciativas. La primera de ellas acorta los días que un condenado puede abonar al cumplimiento de su pena, a partir de los días que cumplió -como medida cautelar- de arresto domiciliario (boletín 16769).
La norma dispone que, en el caso del arresto domiciliario, solo “se abonará a la pena impuesta un día por cada dos días completos o cuarenta y ocho horas” que hubiese cumplido el condenado.
Además, se establece que este abono solo procederá respecto del procedimiento en el cual fueron impuestas las medidas cautelares. Y, se fija como excepción que el tribunal podrá abonar los días de privación de libertad originados en una causa distinta, siempre que ambos procesos pudieran haberse juzgado en forma conjunta.
El segundo proyecto (boletín 17245) se conoce como “Ley No Me Abandones”. Modifica la Ley 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. El objetivo es enfrentar de manera más efectiva los problemas relacionados con el abandono y el maltrato animal.
En lo medular, la propuesta plantea un perfeccionamiento del sistema de identificación y registro de mascotas y animales de compañía. Además, amplía las causales para la declaración de un perro como potencialmente peligroso. Asimismo, modifica las facultades de los juzgados de policía local para ordenar el comiso de animales. Junto a ello, se endurecen las sanciones por abandono y maltrato; perfecciona el sistema de identificación de mascotas; y crea un registro público de maltratadores de animales.
Finalmente, en forma unánime, la Sala aprobó un texto (boletines 14526, 16919 y 17290) que actualiza la normativa sobre detectores de humo. Su objetivo es establecer la obligación de instalar dispositivos autónomos de detección y alarma de humo y monóxido de carbono en viviendas nuevas y otras edificaciones.