Cerca de dos horas duró el debate en la Comisión de Hacienda de las observaciones presentadas por el Presidente de la República al proyecto (boletín 17322) de simplificación regulatoria donde, pese a las reiteradas explicaciones del Ejecutivo, no se logró un consenso suficiente para aprobar la propuesta de veto.
En una única votación, cinco legisladores/as, provenientes del Frente Amplio y el PC, votaron a favor. Otros cinco diputados votaron en contra y tres se abstuvieron. En este grupo estuvieron los integrantes de RN, la UDI, PREP, PR, DC e independientes. Al no obtenerse una mayoría de votos a favor, el texto se dio por rechazado.
De tal modo, la recomendación para la Sala será rechazar el veto en todos sus puntos, informe que rendirá el diputado Luis Alberto Cuello. Dicho criterio, en todo caso, no es vinculante y siempre la Corporación será soberana para resolver sobre el tema.
Cabe mencionar que el proyecto se revisará mañana en la Sala de la Cámara, en segundo lugar de la tabla.
Del veto
El veto apunta a dos áreas del proyecto despachado por el Congreso Nacional. La primera se relaciona con una exclusión de la prohibición general de intervenir humedales a las acciones o infraestructuras públicas necesarias para resguardar la seguridad de la población, la conectividad, la infraestructura hídrica de consumo humano y la conservación misma del humedal, siempre que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), previa solicitud e informe del Ministerio de Obras Públicas, autorice su ejecución.
Las otras observaciones apuntan a normas atingentes a acciones de la Dirección General de Aguas (DGA). El texto aprobado previamente elimina la prohibición absoluta para que la entidad autorice una nueva explotación en zonas de prohibición, para que pueda autorizarla o denegarla fundadamente.
Asimismo, se incorpora una autorización transitoria para el traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. También respecto de cambios de punto de captación, de manera que no haya que esperar el pronunciamiento definitivo de la DGA para poder hacer uso de los derechos respectivos en el nuevo punto.
Una tercera observación apunta al plazo para la dictación de la DGA de autorizaciones transitorias relacionadas a los temas recién mencionados.
En todos los casos mencionados, el veto plantea su supresión. Según explicó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, se trata de temas complejos de abordar que ameritan una discusión mayor. Así, la idea es eliminar las citadas disposiciones e ingresar a trámite proyectos de ley específicos. De tal modo, se espera tener una discusión más técnica.
Sobre la primera observación, dijo que existe un plazo de cinco años antes de contar con humedales prioritarios. Ello posibilitaría concretar una norma que incluya todas las fases del procedimiento y no solo la declarativa. Ahora, respecto del tema de la DGA, sostuvo que el cambio normativo elevará el riesgo de reclamaciones.
Argumentos a favor y en contra
En apoyo de la subsecretaria Berner intervinieron representantes del Ministerio de Medio Ambiente y de la DGA. Ambos sustentaron la supresión de las citadas normas e insistieron en propiciar una discusión posterior más calma.
Pese a lo anterior, el ánimo mayoritario fue en represalia al veto. Desde la oposición se atacó con dureza la presentación de observaciones a normas que presentó durante el trámite el propio Gobierno. Asimismo, defendieron la viabilidad del texto saliente del Congreso y la inconveniencia de su eliminación.
En el centro tampoco hubo mayor acogida. De hecho, el radical Alexis Sepúlveda fue enfático en considerar la redacción cuestionada por el Ejecutivo como una salida efectiva frente a situaciones especiales como, por ejemplo, el riesgo de vida de las personas. Asimismo, planteó que, dado que no existen humedales prioritarios ni los habrá dentro de cinco años, no habrá impacto posible, Además, recordó que, igualmente, se requerirá de una aprobación del SBAP. Y, sobre el tema de la DGA, remarcó siempre la decisión final estará en el organismo.
Las únicas voces a favor del veto provinieron del Frente Amplio y del PC. En particular, María Francisca Bello ejemplificó cómo el texto que se espera suprimir puede afectar el accionar sobre acuíferos presionados o agotados. De ahí que, al igual que sus colegas oficialistas, coincidió en esperar una nueva discusión del tema a través de un proyecto de ley específico.