Definir un nuevo procedimiento para nombrar a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros es una de las finalidades del proyecto (boletín 12092) que la Sala de la Cámara aprobó y derivó al Senado, para cumplir su último trámite en el Congreso, previo a pasar al Tribunal Constitucional y a fase de promulgación.
La propuesta, que comprende una reforma amplia del sistema registral y notarial, se analizó de acuerdo al informe de una comisión mixta. Ella resolvió siete discrepancias con el Senado en torno a temas como:
- La omisión de la experiencia y carrera funcionaria en materia de nombramiento a través del sistema de Alta Dirección Pública.
- El apartado de inhabilidades y procedimientos disciplinarios en caso de reincidencia, respecto de faltas que deriven en la exoneración del cargo.
- Lo referente a prórroga de funciones y el sistema de cesación de cargos de notarios, conservadores y archiveros mayores de 75 años.
- La modificación al sistema general de permisos, reemplazos y vacaciones.
- La división territorial propuesta para el conservador de bienes raíces de Santiago.
El proyecto define que el proceso de selección para proveer los cargos de los funcionarios de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial se sujetará a las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico. Corresponderá al ministro/a de Justicia ejercer el rol de autoridad competente para efectos de estos procesos.
Para ello, determinará perfiles específicos y uniformes para los cargos de notarios, conservadores, archiveros y oficios mixtos. Estos perfiles se informarán a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Sobre la base de ellos, se confeccionarán las bases concursales y los instrumentos de evaluación estandarizados que se utilizarán en la fase de evaluación de los postulantes.
El Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) indicará los lineamientos relativos a la definición de perfiles de selección de estos cargos.
De la selección de los notarios
Corresponderá al titular de Justicia informar al Servicio Civil los cargos vacantes. A su vez, dicha entidad efectuará la respectiva convocatoria. Para estos procedimientos se fijan reglas especiales, tiempos y criterios de ponderación. Esto permitirá elaborar un listado en el que se ordenarán los postulantes por orden decreciente de puntaje.
Luego, el Consejo de la ADP remitirá al Presidente/a de la República los antecedentes académicos y profesionales de quienes ocupen los tres primeros lugares. De ellos se determinará la identidad del seleccionado. La selección solo podrá fundarse en la valoración de los antecedentes curriculares del respectivo postulante. Podrá tenerse en consideración la experiencia previa en el ejercicio de un cargo de naturaleza similar al que se concursa. La dirección nacional del Servicio Civil deberá abstenerse de expresar preferencia por alguno de los candidatos. El nombramiento se formalizará vía decreto fundado.
El texto también considera fórmulas para dirimir entre candidatos, desistencias, nueva vacancia del cargo y reclamación.
El proyecto abarca, igualmente, diversas normas sobre la organización de los notarios y se describen sus funciones y atribuciones. Asimismo, se mencionan las responsabilidades civiles y disciplinarias que les competen. Además, la propuesta contempla las exigencias en infraestructura, equipamiento y publicidad de sus acciones. Junto a esto, se determinan normas para la creación de nuevas notarias, entre otras variadas materias.
En una forma similar al de los notarios, se especifica la forma de designación de conservadores de bienes raíces. El Presidente podrá determinarlo por sí o a solicitud del gobernador regional o de un acuerdo del consejo regional. Para esto, se considerará que la actividad económica así lo requiera. También para brindar un adecuado acceso a las gestiones y servicios registrales a los habitantes de un determinado territorio, comuna o agrupación de estas. Se tomará en cuenta situaciones como la cantidad de habitantes.
Discrepancias que se mantuvieron
Otra norma revisada en la mixta refirió a atribuciones del Presidente/a de la República. Refiere a la eventual separación de los cargos de notario y conservador, servidos por una misma persona. De igual modo, la división del territorio o la agrupación de otros y la apertura de oficinas.
Si bien dicha norma se respaldó, junto al grueso de la propuesta legal, hubo un par de disposiciones que establecían procedimientos excepcionales para el conservador de Santiago que se rechazaron. El punto ya venía destacándose en el debate, donde se criticó la formulación de un mecanismo especial.
Respecto del proyecto en general, se valoró que se despache, luego de alrededor de siete años de trámite. Se estimó necesario para avanzar en transparencia y reducir la discrecionalidad en la designación de los cargos. También para avanzar en digitalización y modernización del sistema, así como en regulación tarifaria.
Igualmente, hubo otras críticas sobre aspectos específicos, como la exclusión completa del Poder Judicial de la designación de los cargos. Por ello, se anunció reserva de constitucionalidad en dichos aspectos.
Intervinieron Camila Musante, Camila Flores, Roberto Arroyo, Luis Sánchez, Javiera Morales, Leonardo Soto, Miguel Ángel Calisto, Jorge Durán, Danisa Astudillo y Marta Bravo. Por el Ejecutivo participó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
La ley entrará en vigencia seis meses después de publicada en el diario oficial.