La Sala de la Cámara rechazó dos informes de comisiones investigadoras. El referido el Sistema de Educación Pública (SEP) y el que apuntó al proceso de acreditación, entrega de recursos públicos y financiamiento de las universidades.
En el primero de los informes tuvo su base en un texto elaborado por las diputadas Mónica Arce, Camila Rojas, Daniela Serrano y Emilia Schneider. Planteaba que, independientemente de las complicaciones, existe una necesidad para desmunicipalizar la educación y dar paso a un sistema público.
En tal plano, se hacía referencia a fortalecer el rol de los servicios locales como sostenedores de la educación pública, según indicó la diputada informante Camila Rojas. “Se trata de un proceso que está en marcha y, por ello, es necesario continuar con el proceso de fortalecimiento. Es decir, son necesarios los recursos basales, pero también la gestión”, indicó.
Igualmente, se pedía habilitar mecanismos legales que permitan a los SLEP responder de manera rápida y oportuna a las necesidades de mantención y reparación de la infraestructura de los establecimientos educacionales. A ello, se suma realizar ajustes que permitan mejorar y fortalecer el funcionamiento del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Informe de universidades
El segundo informe rechazado por la Sala de la Cámara revisó los actos del Gobierno, en especial, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación Superior en lo relativo al proceso de acreditación, entrega de recursos públicos y financiamiento de las universidades.
La petición de esta instancia surgió por el caso de la Universidad San Sebastián. El punto en cuestión refería a la existencia de docentes y académicos que habrían recibido sueldos y diversos pagos, sin que constará el desarrollo de un trabajo profesional y académico claro y tangible.
El texto que no contó con el apoyo de la Sala daba cuenta de un déficit regulatorio en el sistema de educación superior que ha generado situaciones indeseables.
Por ello, se planteaba robustecer la institucionalidad de fiscalización del sistema de educación superior representada por la Superintendencia de Educación Superior (SES). “Tenemos una proliferación de universidades y matrículas que es difícil de cubrir con un SES acotada”, indicó la diputada Daniela Serrano.
En cuanto a propuestas, el informe indicaba que es preciso fiscalizar la utilización de fondos públicos, especialmente, aquellos transferidos a las universidades. Además, establecía medidas para asegurar que la comunidad universitaria tenga acceso oportuno a la rendición de cuentas.