La Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó los actos del Gobierno en el cumplimiento de normativas sectoriales, fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable (CEI 59). Apuntó, especialmente, a los eventos climáticos que afectaron a las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, entre los años 2023 y 2024.
El texto, informado por el diputado Rubén Darío Oyarzo, señala que existieron deficiencias en infraestructura y de respuesta institucional ante interrupciones de los servicios básicos por emergencias. Así, se identificaron problemas en la coordinación permanente entre las empresas transmisoras y distribuidoras con los órganos de emergencia.
También se detectaron deficiencias en la poda de árboles, lo que resulta perjudicial para la infraestructura eléctrica. El documento indica que no existe claridad respecto de quiénes son responsables de esta gestión. Por lo tanto, se recomienda robustecer las sanciones a dueños negligentes y obligar a los municipios a coordinar de forma activa, permanente y preventiva esta mantención con las empresas distribuidoras de energía.
En la misma línea, se observa la necesidad de agilizar el retiro de cableado en superficie y, en la medida de lo posible, promover su soterramiento.
Por otro lado, se establece que las empresas distribuidoras carecen de una buena capacidad de respuesta en emergencias. Esto, manifestado en una falta de información oportuna y deficiente servicio al cliente. Igualmente, se acusó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) presenta debilidades en prevención y reacción ante emergencias. Esto incluye la falta de coordinación con sistemas de agua potable rural, por lo que es necesario mejorar los protocolos de gestión.
Otras deficiencias
La comisión, asimismo, identificó deficiencias en los tiempos de espera para la reposición de servicios básicos, tanto eléctricos como de agua potable. De acuerdo a los antecedentes, se evidencia una falta de mejoras desde 2017, con un promedio de reposición de 27.6 horas en 2024.
De igual modo, se plantea la necesidad de mejorar la fiscalización de los softwares utilizados para la operación de los servicios eléctricos y sanitarios. La idea es evitar ataques o su obsolescencia.
Por otro lado, considerando el trabajo desarrollado por la instancia, se plantea la necesidad de modificar el marco normativo, para obligar a las empresas privadas con funciones estratégicas a asistir a las comisiones investigadoras.
Fiscalización SEC Y CNE
En cuanto a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la comisión estimó que habría actuado de manera reactiva y no preventiva ante emergencias climáticas. Además, constataron dificultades en la coordinación, al tiempo que observaron insuficiencia en los mecanismos de alerta temprana. Junto a esto, no se fiscalizaría la inversión de las distribuidoras y la existencia de protocolos de emergencia.
Por otro lado, sobre el Coordinador Nacional Eléctrico, se identificaron debilidades en términos operativos. Sobre todo, en lo que respecta a la planificación anticipada y la capacidad de respuesta inmediata frente a emergencias eléctricas.
Si bien se observó una fiscalización por parte del coordinador de la calidad del mantenimiento preventivo de las líneas de transmisión y subestaciones, no se constató un nivel de rigurosidad necesario para evitar que condiciones climáticas adversas produzcan interrupciones generalizadas.
Propuestas
En cuanto a las propuestas de la instancia, se señala que la Comisión Nacional de Energía (CNE) debe realizar un estudio del sistema para actualizar sus parámetros. Adicionalmente, se pide evaluar una mayor intervención del Estado o más competidores en el mercado.
Además, propone que se adopten procedimientos claros y eficientes de comunicación con la ciudadanía en casos de emergencia, priorizando canales alternativos y coordinados con el Senapred.
En cuanto a la SISS, se plantea la necesidad de fortalecer la capacidad preventiva, ampliar la fiscalización sobre empresas sanitarias y mejorar la estrategia comunicacional durante emergencias. Dichas medidas también deberían aplicarse para la CNE.
Paralelamente, se sugiere al Ministerio de Energía analizar la factibilidad de un proyecto de ley para actualizar la regulación del mercado eléctrico. También se llama a dar urgencia al proyecto sobre electrodependientes (boletín 17425), así como promover energías renovables en Sistemas Sanitarios Rurales (SSR).