Reunido el pleno de la Corte Suprema –el lunes 16 de octubre pasado– analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social”. Informe que fue remitido a la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ayer, 24 de octubre.
El máximo tribunal valora la iniciativa, pero evalúa negativamente las modificaciones que se pretenden introducir al ampliar el mecanismo de procedimientos abreviados, lo que puede transformar al sistema de justicia en uno en el que prime la negociación de las condenas.
“Que, en síntesis, el proyecto de ley analizado aborda un problema que parece crítico en el contexto actual de la sociedad chilena: el aumento de la victimización y la sensación de miedo al delito que ronda entre nosotros durante los últimos años”, plantea el pleno de ministros.
“En este sentido, la mayoría de las medidas que propone, independientemente de su carácter discutible, parecen fundarse en opiniones relevantes y tener un importante peso dogmático y empírico. Así por lo pronto ocurre con las disposiciones consultadas, las que parecen razonables y atingentes”, añade.
“Sin perjuicio de ello, la propuesta contempla algunas disposiciones que, al contrario de lo que sugiere los objetivos de la propuesta, implican una alteración radical sobre el modo de funcionamiento del sistema. Especialmente relevante en este sentido parece la regla de ampliación del juicio abreviado, la que si bien tiene un fundamento plausible (homologar el tratamiento de todos los delitos), puede transformar nuestro sistema de justicia en uno en el que prime la negociación de condenas. Lo que, entre otros efectos, pudiera aumentar el número de condenas erróneas y el peso relativo del valor de la verdad de los hechos en el desarrollo de los conflictos sociales”, advierte el informe.
Para la Corte Suprema: “Todas estas consideraciones conducen a la conclusión de que, si bien la iniciativa parece razonable y prometedora, ella podría requerir un nivel de cuestionamiento más profundo en un sentido político criminal, a fin de responder a la inquietud sobre si realmente queremos dar un giro gerencial al sistema procesal penal, y minimizar los espacios de efectivo juzgamiento de los hechos, para favorecer una mayor eficiencia de sus instituciones”.
“En ese orden de ideas y en lo que atañe a la modificación del régimen del juicio abreviado, esta Corte evalúa negativamente la propuesta”, concluye.
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