La fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado Croquevielle presentó su renuncia voluntaria al Poder Judicial -la que se hará efectiva a partir del 1 de julio próximo- poniendo fin a una carrera judicial de 50 años.
Mónica Maldonado fue, en noviembre del 2001, la primera mujer en asumir el cargo en el máximo tribunal del país, tras ser nombrada por el Presidente de la República, Ricardo Lagos.
La abogada destacó en toda su gestión por la constante preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en las cárceles del país.
Mónica Maldonado inició su carrera judicial en septiembre de 1964 como oficial del fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, años en lo que aún realizaba su formación universitaria en la Pontificia Universidad de Católica de Chile, casa de estudios de la que egresó en el año 1966.
En diciembre de 1969 juró como abogada ante la Corte Suprema y en el enero de 1970 asumió como secretaria del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal en el que permaneció por más de 4 años. En marzo de 1974 fue nombrada como jueza del Juzgado de Menores de Llanquihue y, en junio de 1976, comenzó a desarrollar funciones como secretaria de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El 31 de enero de 1978 llegó a fiscal de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y cinco años más tarde se trasladó al cargo de fiscal de la Cuarta Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo en el que permaneció por 18 años hasta antes de ascender a la Corte Suprema.
En su gestión la fiscal Maldonado se destacó por la constante preocupación sobre la situación carcelaria, realizando innumerables fiscalizaciones a distintos recintos penales y enviando diversos oficios para alertar de las malas condiciones penitenciarias en el país a ministros de Justicia y directores de Gendarmería, de todos los gobiernos con los tuvo relaciones.
En el caso de los incendios producidos en la cárcel de Iquique, el 2001; en la cárcel de Colina II, el 2009; y en la cárcel de San Miguel, el 2010; se constituyó inmediatamente en los recintos penitenciarios y ordenó realizar investigaciones administrativas para dar cuenta de la situación a las autoridades penitenciarias y políticas. Asimismo, como representante máximo del Ministerio Público Judicial, ordenó instruir inmediatamente investigaciones cada vez que se producían incidentes con internos muertos o heridos en las distintas cárceles del país.
En junio de 2009 un informe elaborado por la fiscal Maldonado para la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dio cuenta graves vulneraciones a los derechos humanos en las cárceles por las condiciones de hacinamiento y ha sido considerado la base para la investigaciones que se realizan en la materia para instituciones públicas y no gubernamentales preocupadas de la realidad penal en el país.
Una investigación desarrollada en junio de 2003 por la fiscal Maldonado – a raíz de una petición de la abogada Pamela Pereira- advirtió sobre irregularidades en la identificación de restos de detenidos desaparecidos por parte del Servicio Médico Legal. Todo este análisis sirvió de base para la reestructuración de la Unidad de Identificación del SML a partir del año 2006, cuando se dieron a conocer errores en las pericias de restos de víctimas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.
La fiscal Maldonado es viuda del ex presidente de la Corte Suprema Mario Garrido Montt con quien contrajo matrimonio en segundas nupcias en diciembre de 2003 y es madre de 4 hijos de su primer matrimonio, con Gonzalo Vergara Baeza.
