En dependencia de la Corte de Apelaciones de Temuco se llevó a cabo la suscripción del acuerdo que busca mejor de gestión entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública que, entre otros aspectos, pretende evitar demoras excesivas en la tramitación de los procesos por suspensiones de audiencias.
El protocolo fue firmado por el ministro Alejandro Vera, presidente de la Corte de Apelaciones; Cristián Paredes, fiscal regional; Bárbara Katz, defensora regional; Luis Troncoso, ministro visitador de la Corte de Apelaciones; María Teresa Villagrán, presidenta del Juzgado de Garantía de Temuco; Alberto Chiffelle; fiscal jefe de la Fiscalía Local de Temuco, y Álvaro Valdebenito, defensor jefe de la Defensoría Local de Temuco.
El acuerdo plantea soluciones operativas en aspectos tales como: mejorar aspectos del agendamiento de audiencias y el despacho de órdenes de detención, que tienen por propósito facilitar el acceso a la justicia, tal como lo destacó el presidente Alejandro Vera. “Esto no solo supone la posibilidad de contar con un abogado de la Fiscalía o la Defensoría, sino que darle una pronta resolución a los casos de cada una de las personas, tanto de las denunciantes como también la situación que a cualquier imputado se presenta frente a un proceso penal”, dijo el alto magistrado.
Asimismo, el acuerdo guarda relación con el establecimiento en el Juzgado de Garantía de Temuco, de un bloque semanal de causas asignadas a la defensoría penal mapuche.
Tras la rúbrica de este importante documento, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, explicó que la suspensión de audiencias fue uno de los grandes temas abordados por la comisión técnica tripartita integrada por el Juzgado de Garantía de Temuco, la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Pública, que se formó en abril para mejorar la coordinación del trabajo diario entre los actores del sistema.
“Se evidencia que hay una práctica nociva en orden a la suspensión y dilación de audiencias, sobre todo en algunas etapas relevantes en el proceso penal como la preparación de juicio oral, las cuales se suspenden muchas veces sin sustento legal alguno”, explicó Paredes.
El persecutor jefe de La Araucanía agregó que este problema fue puesto en evidencia y se adoptaron diversos acuerdos que “esperamos contribuyan a que no se repita en el futuro y así se aminore el impacto de estas dilaciones en lo que nosotros nos compete, en orden a dar una mejor protección a las víctimas y testigos y al desarrolló de los juicios con plena adhesión de nuestras víctimas”.
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