Presidente de la Corte Suprema asiste a la última cuenta de la Defensora Penal Pública, Paula Vial

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En la oportunidad, el presidente Juica fue consultado respecto de las críticas formuladas al fallo de la segunda Sala de la Corte Suprema, sobre la situación de los comuneros mapuches y a una posible institucionalización de los testigos protegidos. El ministro Juica respondió que con el fallo emitido, el viernes 3 de junio, “no se institucionaliza nada, sino que se analizó exclusivamente ese caso y se  consideró posible la situación de esos testigos”.

 

Consultado respecto de la huelga de hambre anunciada por familiares de los comuneros condenados que critican precisamente lo señalado en el fallo, el presidente del máximo tribunal dijo: “Siempre estamos siendo objeto de críticas por los fallos, pero la crítica no puede nunca dejar sin efecto una sentencia. Esa sentencia está dictada y en un Estado democrático republicano lo que tiene que hacer la sociedad es respetar el fallo de los jueces. No podemos hacer nada”. Y agregó que “la huelga de hambre causa un problema social y un problema de salud a las personas que la hacen,  pero no es el mecanismo adecuado para solucionar verdaderamente los problemas”.

 

Asimismo, planteó que “hemos señalado nosotros como jueces, que esos tipos de problemas, que deben ser resueltos por los políticos, no han sido resueltos de la manera que corresponde y, por lo tanto, son los tribunales  los que tienen que adoptar, finalmente, las resoluciones en un sistema que está totalmente agotado. Esa es la realidad, los jueces resuelven y las sentencias en un país civilizado deben ser cumplidas”.

 

Respecto de la opinión de algunos personeros de la Iglesia que señalan haber esperado la nulidad del juicio a los comuneros, Juica dijo que “esas son intenciones, peticiones y aspiraciones; y es muy distinto a lo que hay en el proceso mismo.  Si en el proceso penal hay otra cosa, hay que estar al mérito del proceso. Las críticas no son por el fallo mismo, sino por el sistema. El sistema establece una ley antiterrorista, establece una fórmula de procedimiento, no son los jueces los que lo hacen. Los jueces tienen que reproducir lo que dice el sistema propuesto por los órganos políticos”.

 

El presidente Juica agregó que las discusiones respecto de modificar la ley antiterrorista u otras “son un tema que le corresponde a otros actores y no al Poder Judicial”.