La Corte Suprema ratificó dos sentencias que habían acogido recursos de protección presentados por estudiantes universitarios en contra de sus casas de estudio, las que se habían negado a entregar documentos por existir deudas de aranceles.
Fue la Tercera Sala del máximo tribunal la que confirmó los recursos de protección acogidos por la Corte de Apelaciones de Temuco y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, respectivamente.
En el primer caso (causa rol 2511-2011), los ministros Héctor Carreño, Haroldo Brito, Rosa Egnem y los abogados integrantes Jorge Lagos y Patricio Figueroa, acogieron la acción cautelar presentada por Andrea Soledad Reuca Neculmán en contra de la Universidad de La Frontera.
La joven ingresó en 1999 a estudiar la carrera de pedagogía en historia y geografía, la que completó en el año 2009. En diciembre de 2010, se acercó a la casa de estudios para solicitar el certificado de título; documento que le fue negado por mantener una deuda de aranceles por poco más de un millón de pesos.
“Que, la negativa de la entidad recurrida en orden a expedir la documentación que la actora necesita para el inicio de la búsqueda de empleo habiendo cumplido con la malla curricular impuesta para la carrera que cursó, debe estimarse como arbitraria, desde que manifiestamente aparece desprovista de una adecuada fundamentación racional”, dice el fallo del tribunal de alzada temuquense, ratificado por el máximo tribunal del país (causa rol 85-2011).
En el segundo caso (causa rol 3435-2011), los ministros Héctor Carreño, Haroldo Brito, Rosa Egnem y los abogados integrantes Jorge Lagos y Patricio Figueroa, acogieron un recurso presentado por Francisca Sáez Suárez, en contra de la Universidad San Sebastián, sede Puerto Montt.
La joven cursó la carrera de medicina veterinaria, egresando el 2010. Cuando, en abril de 2011, concurrió a la universidad a solicitar su título, el documento le fue negado por mantener una deuda de poco más de 3 millones de pesos con el plantel.
“Los razonamientos señalados conducen a estimar injustificada y carente de razón lógica la actitud de la recurrida, y por lo tanto, arbitraria, puesto que condiciona la entrega del certificado al previo pago de la deuda pendiente y con ello discrimina a la actora al privarla de la documentación que necesita y a la que otros ex alumnos en su misma situación académica pueden acceder, lo que, de este modo, vulnera la garantía contenida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, dice el fallo del tribunal de alzada de la Región de Los Lagos (causa rol 69-2011).
En este caso, el fallo se confirmó con el voto en contra de la ministra Egnem, quien consideró que no se debía acoger el recurso de protección ya que la facultad de negar la entrega de documentos se encuentra en el reglamento interno de la universidad.