El juez de Garantía de Caldera Rubén Bustos ordenó arraigo nacional para los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, quienes fueron imputados del delito de lesiones graves gravísimas contra un empleado que sufrió un accidente dentro del pique.
Según antecedentes entregados por el Ministerio Público, aquel día el trabajador Gino Cortés Calderón perdió una de sus piernas tras el desplome de una roca de más de 100 kilos de peso al interior de la mina.
El Ministerio Público formalizó la investigación en contra de Alejandro Bohn, Marcelo Kemeny y además contra el gerente general de operaciones de minas de San Esteban, Pedro Simunovic, y al Jefe de Operaciones, Carlos Pinilla, por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de Gino Cortés.
El juez Rubén Bustos aceptó la petición de la Fiscalía y ordenó arraigo nacional y definió un plazo de investigación de 90 días.
Además se fijó para el 5 noviembre, a las 10 de la mañana, audiencia para discutir posible acuerdo reparatorio entre las partes