El juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago Juan Manuel Escobar ordenó la prisión preventiva de Luis Francisco Chávez Urbina y Luis Alfredo Delgado González, imputados en calidad de autores del homicidio de un repartidor de bebidas, hecho ocurrido el 28 de abril recién pasado, en la comuna de Peñalolén.
Según antecedentes entregados por el Ministerio Público -en la audiencia de formalización de la investigación, realizada la mañana del miércoles 5 de mayo-, Luis Francisco Chávez Urbina (dueño de un minimarket) tenía una deuda financiera con la víctima, Rodrigo Muñoz Navarrete. Ante la imposibilidad de cancelar el dinero -cifra cercana a los 20 millones de pesos- Chávez planeó el homicidio de Muñoz, para lo cual solicito la ayuda de su empleado, Luis Delgado. La noche del 28 de abril, la víctima llegó hasta el local comercial para cobrar el dinero, pero al ingresar recibió una serie de golpes con un fierro por parte de Chávez, falleciendo en el mismo lugar. Posteriormente, Chávez y Delgado lanzaron el cadáver al canal San Carlos y abandonaron el vehículo de Muñoz en la comuna de El Bosque.
La Fiscalía Oriente formalizó investigación en contra de Chávez y Delgado por el delito de homicidio calificado.
El magistrado Escobar determinó la prisión preventiva de los imputados, fundamentando su decisión por la gravedad de la pena asignada al delito, el riesgo de fuga ante una eventual condena, el carácter del delito que atenta contra la vida y el haber actuado en grupo o pandilla.
El juez se refirió a la orden de detención solicitada por el Ministerio Público la noche del 4 de mayo, la cual fue rechazada y sustituida por una citación para Chávez y Delgado a la audiencia de formalización, lo que finalmente ocurrió sin inconvenientes. El magistrado Escobar explicó que el Ministerio Público no brindó todos los antecedentes a la hora de pedir la aprehensión: “No hubo los antecedentes suficientes por parte del fiscal y sobre todo en relación con la forma de cómo se obtuvo la declaración de los imputados, haciendo presente el tribunal el derecho a defensa que tienen los imputados desde el primer momento. Es importante el derecho a defensa especialmente a lo que dice relación a las declaraciones de confesión. Se agregó ahora (en la audiencia) que los imputados habían renunciado al derecho a ser asistidos por un abogado, situación que no se tuvo en cuenta a la hora de pedir la orden”.
Además, el tribunal otorgó un plazo de investigación de 90 días.