El presidente de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, participó -el martes de 20 de abril- en la inauguración y en uno de los paneles del seminario internacional: “Implementación de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Chile”, organizado por el Consejo para la Transparencia.
Este encuentro se realizó como conmemoración del primer año de vigencia de la ley 20.285 que obliga a todos los servicios públicos del país a poner a disposición de la ciudadanía la información más completa sobre su quehacer y garantizar el acceso a ella.
Durante la inauguración intervinieron la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer; el secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jean Michel Arrighi, y el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo.
Durante la tarde -y ante una gran asistencia de expertos en esta materias y funcionarios del sector público y privado-, se desarrolló el panel “El significado de la autonomía institucional”, con la participación del ministro Juica, el senador Hernán Larraín y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.
En su exposición, el presidente de la Corte Suprema subrayó las atribuciones y obligaciones que la ley 20.285 establece respecto del Poder Judicial, destacando que debe resolver sobre las reclamaciones en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia, el que en una primera instancia asume funciones jurisdiccionales respecto de la solicitud de acceso a una información determinada.
Luego señaló los avances en materia de transparencia y acceso a la información que se han verificado en el Poder Judicial en los últimos años, y la creación de la Comisión de Transparencia propia del Poder Judicial, la que tiene por misión velar por el cumplimiento de esta normativa y garantizar el acceso a la información de los tribunales que sólo excepcionalmente es reservada, de acuerdo a las normas legales.
En el tema de la autonomía destacó la garantía constitucional de independencia que tiene el Poder Judicial, la demanda de autonomía financiera, y la necesidad de transparentar completamente su actuación en un trabajo continuo para mostrar a la ciudadanía todos los aspectos de su quehacer y los beneficios precisamente de que sea un ente autónomo e independiente.