Corte de Apelaciones de Talca manifiesta preocupación por retraso en tramitación de proceso en Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
La Corte de Apelaciones de Talca manifestó su preocupación por la escasa dotación de magistrados en el Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad, lo que redunda en un retraso en tramitación de los procesos en esa jurisdicción.
Tras una reunión de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal regional, la presidenta del tribunal de alzada, ministra Olga Morales Medina, y el ministro encargado de la reforma, Eduardo Meins Olivares, firmaron una declaración conjunta con representantes de los Juzgados de Garantía, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, la Defensoría Penal Pública y el Colegio de Abogados, en la que expresan su preocupación por el escaso número de jueces, lo que obliga a programar audiencias en plazos que exceden el límite legal.
Debido a que en el Juzgado de Garantía existen cuatro jueces para tramitar un promedio de 11 mil audiencias, las de juicio efectivo se están programando para febrero de 2011; en tanto que las audiencias de preparación de juicio oral se están agendando para mayo de 2010.
En el caso del Tribunal de Juicio Oral de Talca, que cuenta con dos salas, los juicios se están programando para marzo de 2011, lo que en opinión de los firmantes, causa problemas, tanto a imputados como a víctimas de delitos.
“La situación antes descrita genera un impacto en las víctimas, por cuanto, con desazón, ven que sus conflictos no se resuelven en un plazo razonable, como se pretendió con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
De otro lado, los imputados aprecian que su situación procesal no se define dentro de los plazos que señala la ley, sin considerar que en el intertanto, algunos de ellos permanecen privados de libertad, en espera de un juicio que, eventualmente, podría absolverlos, o condenarlos a penas que pudieren dárseles por cumplida, atendido el tiempo que han permanecido privados de libertad, circunstancia que tampoco se condice con la apuesta del nuevo sistema procesal penal”, dice la declaración.
Ante este escenario, las entidades solicitan que se aumente la dotación de ambos tribunales, tal como ocurrió en el caso del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública que han visto incrementadas sus dotaciones.
“El problema sólo puede solucionarse, en forma efectiva, con la creación de nuevos cargos de jueces y funcionarios, tema que, como es sabido, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, por lo que el Poder Judicial y los demás intervinientes, sin perjuicio de exponer la situación y adoptar las medidas posibles para mitigar, en parte, el problema, no pueden dar una solución definitiva al tema, circunstancia que debe ser conocida y comprendida por la comunidad regional y nacional, en aras de la transparencia que debe informar la labor de los actores del nuevo sistema procesal penal”, afirma la declaración.