Juzgado de Garantía de Valparaíso determina medidas cautelares de imputados en red de prostitución infantil
El Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó las medidas cautelares de firma semanal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas y sus familiares en contra de Edgardo Uribe Toro, Jimmy Gutiérrez Bravo, Héctor Hernández Bolgahen y Alejandro Puga, formalizados por el Ministerio Público en la investigación por red de prostitución infantil en la ciudad de Valparaíso.
Los imputados fueron formalizados por los delitos comprendidos en los artículo 256 del Código Penal (que sanciona al funcionario público que no presta auxilio a la víctima de un delito), 367 (promoción y facilitación de la prostitución infantil) y 367 ter. (prostitución infantil).
Según los antecedentes aportados por el Ministerio Público, los hechos se remontan a un periodo -entre 2004 y 2008- en el cual los imputados frecuentaban los locales nocturnos Lousiana y Pandemonium.
El juez de garantía Juan Carlos Maggiolo determinó las medidas cautelares antes señaladas atendido que, el primero de los delitos sólo es penalizado con suspensión de oficio y multa; en tanto, en los otros dos tipos penales cabe la posibilidad de que sean sancionados como uno sólo.
Asimismo, el juez tomó en cuenta que los antecedentes aportados en la formalización (que partió el miércoles 1 de julio y concluyó el jueves 2) sólo son parciales, ya que la investigación del Ministerio Público se mantiene bajo reserva hasta el próximo 12 de julio.
Además, el magistrado determinó fijar una nueva fecha para la formalización de los imputados Ricardo Bravo, Héctor Guzmán, Claudio Cortez Benítez, Jorge Gallardo y Sergio Jarpa, debido a que los imputados no se presentaron aduciendo razones de salud.
La nueva audiencia se realizará el próximo 5 de agosto de 2009, a las 09:30 horas, en dependencias del mismo tribunal.
Por último, el juez Maggiolo determinó acoger la solicitud de las defensas de los imputados de excluir del proceso a los querellantes Joaquín Lavín Infante, Ricardo Lagos Weber y el Servicio Nacional de Menores (Sename) que habían presentados querellas en el tribunal.