Corte Suprema y Ministerio de Justicia acuerdan histórico financiamiento para Tribunales de Familia

El presidente de la Corte Suprema Urbano Marín y el ministro de Justicia Carlos Maldonado dieron a conocer un completo plan de inversiones que permitirá la construcción de nuevos edificios, la adquisición de otros e implementar un mejoramiento sustancial del equipamiento de todos los Tribunales de Familia del país. El programa acordado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial está destinado a otorgar una administración de justicia eficiente y oportuna, acorde a los requerimientos de la ciudadanía.

El acuerdo -fruto del trabajo conjunto de la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y los ministerios de Justicia y Hacienda- permitirá la compra de 33 edificios para la instalación de Tribunales de Familia y la construcción de otros 26, los que contarán, además, con un completo equipamiento.

El programa convenido implica un aporte superior a los $ 158 mil millones para estos fines y se llevará a efecto de manera progresiva en seis años, partiendo el 2009. Ese año se entregarán $ 21.268 millones; el 2010 serán $ 61.895 millones; el 2011 se asignarán $49.553 millones; el 2012, $ 5.285 millones; el 2013, $ 11.068 millones, y el 2014, $ 9.110 millones.

Asimismo, el plan incluye $ 9.450 millones para gastos de implementación y habilitaciones transitorias de tribunales en todo el país, mientras se construyen las soluciones definitivas.

El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín Vallejo, destacó la metodología de trabajo que permitió llegar a este acuerdo y que involucró a profesionales y técnicos de los ministerios de Justicia y Hacienda y especialmente al área de Finanzas de la CAPJ.

Precisó que el cumplimiento por parte del Ejecutivo de este aporte “obliga a renovar el compromiso que jueces y funcionarios de la justicia de Familia deben hacer efectivo para realizar su labor de manera más eficiente, oportuna y cercana a las personas”.

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, indicó que “es una inversión histórica, está en los márgenes y volúmenes que se manejaron en la infraestructura de la Reforma Procesal Penal y esa es la importancia que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet le está dando hoy día a la justicia de familia, una justicia que tenía muy buenos propósitos, pero que se vio sobrecargada de trabajo y que se está mejorando atacando todos los ámbitos de este problema: una ley que aplicamos en septiembre que aumentó el número de jueces, funcionarios, financiamiento, mejoró los procedimientos y hoy estamos agregando una millonaria inversión en infraestructura (…). Además a esto se ha agregado un mejoramiento a la gestión de los tribunales”.