Acuerdos de Pleno de la Corte Suprema
Reunido el Pleno de la Corte Suprema el viernes 22 de agosto- analizó los siguientes temas de interés público:
1.- Se continuó con la cuenta de los ministros visitadores respecto de causas sobre Derechos Humanos que se tramitan en las distintas Cortes de Apelaciones del país. Esta vez se recibió el informe de los ministros de la Corte Suprema, Adalis Oyarzún, visitador de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y de Rubén Ballesteros, de la Corte de Apelaciones de Copiapó.
En el caso de Punta Arenas, se informó que existe una causa a cargo del ministro Solón Vigueras, la que se encuentra en tramitación a la espera de un examen de ADN encargado a un laboratorio de Estados Unidos.
En Copiapó no existen ministros que investiguen causas de Derechos Humanos. Sin embargo, un catastro realizado por el magistrado Ballesteros determinó que existieron siete causas en la Región: cinco en Copiapó, una en Vallenar y una en Chañaral. Todas fueron remitidas por incompetencia a ministros en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago o al Primer Juzgado Militar de Antofagasta, por corresponderle a esa jurisdicción castrense.
En tanto, el próximo viernes 29 de agosto expondrá el ministro Hugo Dolmestch, visitador de la Corte de Apelaciones de Santiago.
2.- Se recibió el informe correspondiente a julio de 2008 de parte de cinco ministros en visita designados para fallar causas pendientes en los Juzgados Laborales antiguos. Se informó que los cinco ministros dictaron un total de 275 fallos. Ello se suma a las sentencias que dictan los jueces titulares del tribunal que cumplen la misma labor.
3.- Se recibió el informe encargado por el Pleno de la Corte Suprema respecto de todas las causas pendientes en las Cortes de Apelaciones y de aquellas en trámite que están en los tribunales que no poseen sistema informático (principalmente causas civiles, laborales antiguas y criminales antiguas).
El reporte arrojó que -al 30 de junio de 2008- existía un total de 35.330 causas en trámite en las 17 cortes de apelaciones de país. A su vez, los tribunales de primera instancia tienen en curso 1.031.859 causas.
Al respecto el ministro Juica señaló: “Ya tenemos entonces un inventario de cuál es el continente de causas que está en tramitación y se adoptó como medida encomendar a los ministros visitadores para que hagan un inventario del verdadero retraso que tienen estas causas, de tal manera de tener una visión más exacta de la manera cómo funcionan los tribunales en todo el país”.
Consultado respecto de si este catastro incluye a los Juzgados de Policía Local donde se ha informado que existe un retraso por deudas del dispositivos TAG, el vocero Juica indicó que si bien no se consideraron en esta estadística, el Pleno de la Corte Suprema decidió nombrar al ministro Hugo Dolmestch para que participe en el comité especial que estudia modificaciones orgánicas a estos tribunales. Recordó que estos cambios, tendientes a reducir el atochamiento de causas en los juzgados de policía local, son parte de un proyecto de ley que fue informado favorablemente por la Corte Suprema en su oportunidad (ver tabla).
Asimismo, el ministro vocero Milton Juica fue consultado por la eventual movilización anunciada por la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público en demandas de mejoras salariales. El magistrado, si bien respondió que el Ministerio Público es un organismo autónomo, hizo hincapié en que “la falta de intervención del Ministerio Público (en causas criminales) no puede ser suplida por nadie, de tal manera que un movimiento que importe que los fiscales no concurran a la audiencia pueda ser muy delicado para la administración de la justicia, porque los jueces no pueden actuar sin que haya requerimiento del Ministerio Público. Es lo mismo que podría pasar con la falta de la Defensoría Penal Pública. Esperemos que no se llegue al extremo de paralizar la actividad jurisdiccional”, indicó.
5.- Además, el ministro Juica fue consultado respecto de la asignación de bonos de bencina para la movilización de magistrados. Al respecto contestó que actualmente el Poder Judicial dispone sólo de 89 vehículos para jueces en el país (para ministros de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, y presidentes de otros 15 tribunales de alzada).
En el caso de los ministros del máximo tribunal, se trata de $ 150 mil mensuales, mientras que los magistrados de tribunal de alzada tienen uno por $ 110.000 y el último reajuste fue en 2006.
“Tenemos la conciencia muy limpia en el sentido que no usufructuamos de algo indebido. Creemos que es lo pertinente y lo correcto y nunca hemos recibido algo más de lo que nos corresponde”.
Vocero señaló que se creó inventario de causas rezagadas, instruyendo a los ministros visitadores para que determinen las razones de los atrasos para tener unvisión exacta del funcionamiento de todos los tribunales del país.