Ministro Alejandro Solís dicta condena por secuestro calificado de Marcelo Salinas Eytel
El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís dictó condena por el secuestro calificado de Marcelo Salinas Eytel, una de las investigaciones que instruye por causas de violaciones a los derechos humanos en el país.
La resolución del magistrado establece las siguientes sanciones:
-Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda. 15 años de presidio.
-César Manríquez Bravo. 10 años y un día de presidio.
-Pedro Octavio Espinoza Bravo. 10 años y un día de presidio.
-Francisco Maximiliano Ferrer Lima. 10 años y un día de presidio.
-Miguel Krassnoff Martchenko. 10 años y un día de presidio.
-José Orlando Manzo Durán. Absuelto por falta de participación.
Esta es la condena número 100 en causas derivadas de la investigación rol 2182-1998 que instruyó, desde el 14 de enero de 1998, el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia. Del total de sentencias de primera instancia, 83 procesos han terminado en sentencias condenatorias, mientras que 16 han concluido con fallos absolutorios de primera instancia.
Un total de 55 sentencias ya han sido revisadas por las distintas Cortes de Apelaciones de todo el país concluyendo con 43 procesos condenatorios, 10 procesos absolutorios y dos sentencias que anularon fallos y obligaron a la instrucción de un nuevo proceso.
La Corte Suprema ya analizó 29 procesos dictando sentencias definitivas condenatorias en 25 procesos y absoluciones finales en 4 causas.
La primera condena fue dictada el 18 de noviembre de 2002 por el juez de San José de la Mariquina, Jaime Salas Astraín, quien dictó sentencia en la investigación por el secuestro calificado de Pedro Espinoza Barrientos.
El ministro Alejandro Solís ha dictado 20 de las 100 condenas que se acumulan en el país.
Historia de investigaciones
El 9 de enero de 2001 luego de recibir información de la denominada Mesa de Diálogo de Derechos Humanos se nombra a los ministros Amanda Valdovinos Jeldes, de la Corte de Santiago y Héctor Carreño Seamann, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, para que indaguen sobre la veracidad de encontrar restos de detenidos desaparecidos en Colina y Cuesta Barriga, respectivamente.
Paralelamente se envían los antecedentes respectivos a las 17 Cortes de Apelaciones de Santiago para que indaguen sobre la veracidad de la información aportada por las Fuerzas Armadas.
El 20 de junio de 2001 se designó a 9 jueces con dedicación exclusiva (del Primer Juzgado de San Bernardo, del Tercer y Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, del Juzgado de Letras de Santa Bárbara, y del Tercer, Octavo Noveno, Décimo y Undécimo Juzgado del Crimen de Santiago) para que investigaran estas causas de manera exclusiva nombrándose, además, a otros 51 magistrados en todo el país para que investigaran de manera preferente las causas de derechos humanos de su respectivos tribunales.
El 14 de octubre de 2002 y luego del informe elaborado por el ministro Milton Juica Arancibia se decidió reordenar las investigaciones del ministro Juan Guzmán Tapia, atendido el gran volumen del proceso, y designar a cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para que investigaran procesos por violaciones a los derechos humanos. Se nombró a los ministros: María Stella Elgarrista Álvarez, de la Corte de Apelaciones de San Miguel; Daniel Calvo Flores, Alejandro Solís Muñoz, Jorge Zepeda Arancibia y Juan Guzmán Tapia -de la Corte de Apelaciones de Santiago- para seguir indagando procesos de este tipo.
El 27 de septiembre de 2004 se ordenó un nuevo catastro nacional de procesos vinculados a violaciones a los derechos humanos. El 25 de enero de 2005 se determinó otorgar un plazo de seis meses a los magistrados que investigaran causas por violaciones de derechos humanos para poner fin a lo procesos, atendida la demora de estos y a que la designación de jueces especiales y ministros en visita estaba afectando otras labores jurisdiccionales.
El 6 de mayo de 2005 se decidió realizar una nueva reorganización de procesos, poniendo fin al plazo de 6 meses para el cierre de investigaciones de derechos humanos y manteniendo a los ministros en visita Juan Guzmán Tapia, Jorge Zepeda Arancibia, Joaquín Billard Acuña (que reemplazó a Daniel Calvo Flores) y Alejandro Solís Muñoz.
Se designó, además, a:
Víctor Montiglio Rezzio, para que asumiera y continuara la sustanciación, hasta su conclusión definitiva, de los procesos que se encontraban a cargo, en razón del fuero, del ex Ministro de ese mismo tribunal, Juan Guzmán Tapia.
Carlos Gajardo Galdames, para que se abocara al conocimiento y sustanciación de las demás causas que estuvieran asignadas a los restantes ministros de ese Tribunal, excluyéndose solamente las que se indican a continuación:
Juan Eduardo Fuentes Belmar, a objeto de que asumiera la sustanciación de los procesos que conocieran, en dedicación exclusiva, los Jueces del Tercer, Quinto, Octavo y Noveno Juzgados del Crimen de esta ciudad, quienes deberán remitirle las causas respectivas.
Oficiar a las restantes Cortes de Apelaciones del país a objeto de que dispusieran lo necesario para la designación de Ministros en Visita Extraordinaria para el conocimiento y fallo de todos los asuntos referidos a violaciones a los derechos humanos, en reemplazo de los jueces con dedicación exclusiva o con atención preferente que pudieren existir en su jurisdicción.
De este modo se nombraron como ministros en visita a los magistrados Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta; Eliana Quezada Muñoz y Julio Miranda Lillo, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; Héctor Solís Montiel, de la Corte de Apelaciones de San Miguel; Víctor Stenger Larenas, de la Corte de Apelaciones de Talca; Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción; Fernando Carreño Ortega, de la Corte de Apelaciones de Temuco; Emma Díaz Yévenes, de la Corte de Apelaciones de Valdivia y Sergio Mora Vallejos, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.