Acuerdos de Pleno de la Corte Suprema
Reunido el viernes 3 de agosto de 2007, el Pleno de la Corte Suprema revisó las siguientes materias de interés público:
1.- Se rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del diputado Iván Paredes Fierro, en contra de la sentencia de desafuero dictada por la Corte Suprema con fecha 27 de septiembre de 2006.
2.- Se rechazó la solicitud de designación de Ministro Instructor para investigar la muerte de cuatro ciudadanos argentinos ocurridas el año 1973, entre los cuales se encuentra el camarógrafo Leonardo Henriksen. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes fueron derivados a la Corte de Apelaciones de Santiago donde seis Ministros están abocados especialmente al conocimiento de causas vinculadas a Derechos Humanos.
3.- Se tomó conocimiento sobre el informe del Ministro Rubén Ballesteros sobre el proyecto de ley que establece normas en materia de etiquetado y publicidad de bebidas alcohólicas e introduce modificaciones sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, esto en relación con el tema de la responsabilidad adolescente y si debe ser visto por los Tribunales de Familia o los Juzgados de Policía Local.
4.- Se revisó el proyecto de auto acordado sobre el procedimiento de designación de peritos judiciales en Materia Civil. Su contenido será dado a conocer en los próximos días.
El Ministro Vocero de la Corte Suprema, Urbano Marín, informó que el seminario para analizar el sistema de calificaciones judiciales quedó fijado para los días 17 y 18 de agosto, oportunidad en la que cerca de 30 miembros del Poder Judicial –representativos de todos los estamentos- y especialistas en la materia, debatirán sobre cómo mejorar la metodología de calificaciones para los funcionarios judiciales. Al seminario serán invitados representantes del Ministerio de Justicia.
Consultado por la prensa acerca del anuncio del Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, sobre la eventual revisión del Penal Cordillera como lugar de reclusión para militares condenados por la justicia, el Ministro Vocero de la Corte Suprema señaló: “La ejecución de las sentencias y las penas es materia que nos interesa indirectamente. El Poder Judicial revisa y evalúa cómo se ejecuta este asunto, pero el manejo de los establecimientos es de responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo”.