Inauguración Nuevos Tribunales en Talca
En ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, se inauguró el Edificio del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Juzgado de Garantía de la capital de la Séptima Región, inserto en el programa de obras de infraestructura de la Reforma Procesal Penal.
Transcribimos a continuación, discurso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marcos Libedinsky Tschorne, en el acto efectuado en Talca este mediodía.
Señoras y Señores:
Hace pocos meses atrás nos correspondió intervenir en el acto de inauguración y entrega oficial de las dependencias destinadas al funcionamiento de la Corte de Apelaciones de esta ciudad y Juzgados de Letras y Menores de esta misma jurisdicción.
La ocasión que hoy día nos congrega se refiere a la inauguración del Edificio de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Juzgado de Garantía también de Talca. Este es uno de los ocho edificios que se construirán en la Región del Maule debido a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. Para la oportuna iniciación del sistema se arrendaron ocho locales a fin de albergar la misma cantidad de tribunales nuevos emplazados en esta región, como son los de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Constitución, Molina, San Javier y Parral. En la actualidad los siete últimos siguen funcionando en locales transitorios.
Como hemos expresado en oportunidades anteriores, toda obra de construcción requiere de innumerables esfuerzos para concretarla y, en ese contexto, nos enorgullece particularmente que las obras efectuadas para otorgar un soporte físico de primer nivel a estos juzgados de la Reforma Procesal Penal, se vea cristalizada en este nuevo edificio, que demandó una inversión aproximada de mil.800 millones de pesos y que cuenta con una superficie construida de más de 3 mil metros cuadrados, donde funcionan cuatro salas de Juzgados de Garantía y dos salas para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
La relación que existe entre los edificios, la Administración de Justicia y un buen servicio al ciudadano, no obstante su importancia, no es, que sepamos, un tema muy tratado dentro de la cultura arquitectónica, y ni que hablar dentro de la literatura jurídica. Esas omisiones llaman la atención toda vez que, uno de los pocos autores que se ha preocupado sobre este tema, ha destacado la relación funcional que existe entre determinados principios consagrados por las leyes procesales y la infraestructura a través de la cual se los pone en acto o se intenta hacerlo.
En efecto, la oralidad, la inmediación, la publicidad y la participación ciudadana, son poco más que expresiones de deseos, sin salas de audiencias donde el que habla pueda ser escuchado y el que escucha pueda hablar cuando le corresponda; los jueces estar frente a frente con el justiciable -conociendo los hechos y reproduciendo el conflicto que habrán de resolver- en situación decorosa para éste y para la dignidad de la justicia; la ciudadanía asistir para informarse sin incomodidades vejatorias, y la Administración de Justicia, en definitiva, dejar de ser esa caja negra que hace que la comunidad la sienta ajena.
La Administración de Justicia o el Poder Judicial es un tema que, actualmente, ocupa de continuo la atención de los ciudadanos y de los medios de comunicación social. Así ocurre en nuestro país y en muchos otros, lo que demuestra que los problemas que enfrenta la justicia, se originan muchas veces en causas que no dependen de las fronteras de un Estado y que son comunes a un gran número de países, desarrollados o no.
En días pasados, en la inauguración de un seminario Internacional sobre “Jueces y Estado de Derecho”, hice presente que nuestro país se encuentra enfrentando una profunda transformación de su sistema de justicia, particularmente en materia penal, de tribunales de familia y, próximamente, también en el campo de la justicia laboral.
Hice notar, además, que es preciso que la ciudadanía recobre la confianza en la justicia, en esa aspiración de dar a cada uno lo que le corresponde, dentro de un absoluto respeto al derecho, revirtiendo el cuestionamiento tan frecuente de la idea de justicia y de las instituciones llamadas a realizarla. La independencia del Poder Judicial, pilar básico de nuestro sistema constitucional, no implica ser inmune al escrutinio popular. Ningún Poder del Estado se encuentra por encima de éste y así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el propio señor. Presidente de la República.
Vivimos en una sociedad muy atenta a la Justicia como institución; a pesar de reclamar contra ella, y de descalificar a quienes la imparten, por razón de la obsolescencia funcional que, en muchos aspectos podrán mostrar nuestros Tribunales. Pero, con todo, es posible afirmar que de ningún otro vínculo público la ciudadanía espera tanto.
La falta de satisfacción acerca de la Administración de Justicia es, por lo demás, tan vieja como el Derecho y, en consecuencia, más o menos normal; pero cuando el monto de la insatisfacción excede la normalidad, se hace necesario medir, componer, formular las preguntas procedentes y hacer un diagnóstico acerca de qué es lo que está sucediendo.
La Justicia no solamente debe realizarse, sino que también debe ser vista como realizada. Sabemos mejor que nadie que la falta de credibilidad de la gente en el sistema de justicia, debilita la confianza en el régimen democrático. Cuando esto sucede sostenidamente ha llegado el momento de afrontar la solución de todo lo que provoque el descreimiento social en la Justicia.
Ahora bien, si de problemas de la justicia se trata, de su análisis no puede estar ausente, precisamente, la Corte Suprema de Justicia que, en mi opinión, está llamada y obligada a cumplir un papel protagónico en los debates que acerca de la administración de justicia se susciten en el país pues su componente especializado, unido a la vivencia de la problemática, garantiza la presentación de un diagnóstico responsable, científico e imparcial.
Estamos plenamente convencidos de que se requiere de cambios trascendentales, con el fin de agilizar la administración de justicia. Realizar cambios profundos no es fácil, con frecuencia encontramos resistencia, a veces por falta de voluntad, por desconocimiento o, simplemente, por temor al cambio. Debemos construir una base sólida en la que el sistema de justicia funcione con independencia, profesionalismo, imparcialidad, espíritu de servicio, rectitud, sobriedad, acuciosidad y respeto a la institucionalidad.
Estos son los valores a vivir, mostrar y destacar por el Poder Judicial. Y para conseguir ese logro necesitamos la colaboración directa y efectiva de todos los sectores implicados en tan difícil tarea: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Jueces, empleados y funcionarios del Poder Judicial, abogados litigantes, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Universidades, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación social y otros actores, ya que el respeto a la ley, tanto por gobernantes como por gobernados y su correcta aplicación, es el único camino hacia la convivencia pacífica que, a su vez, alimenta la democracia y nos conduce a estructurar un auténtico Estado de Derecho.
Muchas gracias